La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, ha logrado una sentencia que reconoce el cobro del complemento de itinerancia al profesorado de Religión, «poniendo de esta forma fin a la discriminación que sufre este colectivo respecto al resto de cuerpos docentes», señala la organización en nota de prensa.
El Juzgado de lo Social nº 2 de Cuenca, con sentencia a 14 de enero, reconoce el derecho de una profesora de Religión que lleva a cabo su labor en un colegio rural agrupado (CRA) a percibir la retribución económica correspondiente al kilometraje acogiéndose al Acuerdo de Itinerancias al igual que el personal funcionario docente.
CSIF indica que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha «ha estado incumpliendo el Convenio con las diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo, firmado en abril de 2010 y que reconoce a este personal laboral los mismos derechos que al personal funcionario».
El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, subraya que “la Consejería ha estado maltratando al profesorado de religión a sabiendas de que estaba haciendo las cosas mal, y lo ha hecho a propósito por un tema únicamente económico. Gracias a esta sentencia logramos la equiparación de derechos”.
Actualmente, CSIF tiene procesos judiciales interpuestos por la misma situación en todas las provincias de Castilla-La Mancha, y dada la contundencia del pronunciamiento del Juzgado de lo Social nº 2 de Cuenca, «el resultado será favorable en todos los casos», augura,
Así, CSIF conmina a la Consejería de Educación a que actúe de oficio y reconozca este derecho para todo el profesorado de religión allanándose en todos los procesos judiciales.
Además del abono del complemento de itinerancia, que se ingresa mensualmente, la sentencia también obliga a la indemnización por kilometraje correspondiente desde el inicio del proceso.
La Central Sindical ha presentado recursos por vía administrativa contra la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha por violaciones del Acuerdo de Itinerancias para todo el personal funcionario docente: «retrasos de los pagos de kilometraje, en algunos casos incluso con más de un curso vencido, lo que obliga al docente itinerante a que tenga que adelantar ese dinero de su bolsillo, así como vulneración del derecho del itinerante a elegir entre compensación horaria, compensación económica, o una mezcla de ambas, a través de una alteración del articulado de la norma».
“Nos estamos encontrando con interpretaciones sesgadas del articulado del Acuerdo que llevan a cabo las administraciones educativas provinciales, y siempre en contra del docente. Se está procediendo a reducir las compensaciones horarias y económicas a los docentes itinerantes, un colectivo que hace una labor fundamental en zonas en riesgo de despoblación y que utilizan su propio vehículo y corren riesgos diarios en la carretera, y sin embargo la Administración les reduce derechos”, concluye Martínez.
