Las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística no dejan lugar a dudas: la provincia de Cuenca sigue perdiendo población, más del 10 por ciento en una década y con pérdidas en prácticamente todos sus municipios. “Mientras los números reflejan una realidad más que deprimente y evidente, las diferentes instituciones aumentan sus estructuras y perfiles de altos cargos dedicados a combatir la despoblación sin que su trabajo genere resultados tangibles”, señala el presidente del Grupo Popular de la Diputación de Cuenca, Cayetano J. Solana en una nota de prensa.
Para el también alcalde de Villaescusa de Haro, “ni los actuales gobernantes del Gobierno de España, de la Junta de Comunidades, ni tampoco los de la Diputación, han desarrollado una estrategia clara para evitar que nuestros pueblos se queden sin habitantes. No cuentan con iniciativas propias ni, mucho menos, comunes”. Por ello, Solana ha reclamado que, “de una vez por todas las diferentes instituciones se coordinen y pongan en práctica medidas concretas que repercutan directamente en evitar el constante éxodo rural en el que nos encontramos”.
El diputado provincial denuncia que la situación de la mayoría de los pequeños municipios conquenses va agravándose día a día, “está claro que existe una conexión entre el abandono de los pueblos con la reducción de servicios y prestaciones en los mismos”, apunta Solana. “Que tengamos localidades sin transporte público, sin autobuses, que el tren reduzca sus frecuencias y ahora ya ni circule, las deficientes conexiones a internet, que se supriman consultas médicas presenciales o que una gran parte de caminos y carreteras se encuentren en un lamentable estado de conservación no ayuda en nada a que una persona pueda plantearse desarrollar su proyecto profesional y personal en un pueblo de Cuenca”, añade.
La ausencia de proyectos e inversiones por parte de los diferentes gobiernos socialistas actuales también brilla por su ausencia en nuestra provincia, “lamentablemente cierran empresas, como Siemens Gamesa, y otras se quedan reducidas a su mínima expresión, como Iberopinar, de la que Page dijo que generaría 200 puestos de trabajo hace menos de tres años y no quedan ni una decena de trabajadores. Aumenta el número de parados, de personas en ERTEs y los autónomos y emprendedores no cuentan con apoyos gubernamentales que les ayuden a seguir con su actividad y, mucho menos, a crear empleo”, apunta Cayetano J. Solana, “tener una oportunidad laboral supone uno de los anclajes fundamentales para que la gente se quede a vivir en los pueblos; además, por supuesto, de poder tener acceso a los servicios básicos esenciales”, reitera.
Además de generar posibilidades laborales, Solana considera que hay que incidir en el concepto de la “atracción rural”: conseguir que cada vez haya más personas y familias que quieran voluntariamente venir a vivir a un pueblo (o regresar al suyo) porque les compense en su balanza de prioridades, y ello conlleva necesariamente que las administraciones se coordinen para proporcionar beneficios fiscales, posibilidades laborales, alternativas de ocio y servicios públicos de calidad. “Resulta desolador percibir la descoordinación institucional y cómo cada administración busca un titular de prensa antes que resultados tangibles; por poner un ejemplo, resulta más conveniente que todos los municipios tengan acceso a banda ancha de calidad, estable y accesible económicamente, que obsesionarse con redes de mayor velocidad mientras se convive con accesos a internet poco versátiles. Pero claro, se vende mejor el titular de la fibra óptica”.
Frente a este desolador panorama, Solana insiste en “la incomprensible táctica puesta en marcha por los gobiernos socialistas, que consiste, básicamente, en aumentar personal dedicado a luchar contra la despoblación con dinero público”. El diputado provincial relata cómo a nivel nacional existe el “Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico”, con rango de vicepresidencia, con más de 6.000 empleados y un presupuesto de 13.833.400.000 euros, en la Junta tenemos un “Comisionado para el Reto Demográfico”, también dependiente de la vicepresidencia que ostenta el conquense Martínez Guijarro y con sus respectivos delegados en cada una de las cinco provincias regionales, mientras que la Diputación de Cuenca acaba de crear un nuevo puesto de alta remuneración, alrededor de 50.000 euros anuales, denominado “Coordinador de Planificación Estratégica” para combatir la despoblación. “¿Lograrán nuestras administraciones, con grandes recursos económicos, frenar la sangría poblacional o tan solo engordar organigramas con más trabajadores al calor de la lumbre del dinero público?”, se pregunta Solana.
El diputado provincial citaba algunos datos que dan muestra de la preocupante situación de la provincia de Cuenca, con un tercio de sus municipios con menos de cien habitantes. “Entre todos los pueblos de menos de mil vecinos, que son más de doscientos, no suman ni cincuenta mil habitantes; pero no hay que limitarse a fijarse solo en los pueblos con mayor riesgo de cara al futuro porque la despoblación va arrastrando comarcas desde abajo hasta las cabeceras comarcales” recuerda Solana. Finaliza señalando que solo cuatro municipios, todos al cobijo de la capital, se libran del declive poblacional: Arcas, Chillarón, Villar de Olalla y Mariana.
“Nadie dice que sea fácil, pero sí que es primordial. Lamentablemente la pandemia ha desviado el foco de atención mediática del que gozó el concepto ‘España vacía’ hace meses. No será difícil comprobar en el tiempo si la anunciada Ley contra la Despoblación genera efectos tangibles, porque la estadística poblacional es incontestable, o, por el contrario, solo titulares de prensa y nomenclatura de puestos de trabajo público”, ha concluido.
