El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un primer paquete de medidas por importe de 10.600 millones de euros, destinadas a ayudar a los hogares, empresas, autónomos y ayuntamientos de los 78 municipios valencianos, castellanomanchegos y andaluces golpeados por la DANA. Un listado que podrá ampliarse a otros municipios y comunidades autónomas, en función de las necesidades.
Aunque ni en la nota de prensa difundidas por La Moncloa ni en otras comunicaciones gubernamentales se especifica el listado de municipios, sí que se precisa que 75 son de la Comunidad Valenciana, uno de Andalucía y dos de Castila-La Mancha, por lo que se deduce que están incluidas Mira (Cuenca) y Letur (Albacete). Un extremo confirmado por la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, que ha visitado este martes la Serranía Baja de Cuenca.
Entre las medidas, se incluyen ayudas directas a los ciudadanos y empresas, moratorias y exenciones fiscales, medidas en materia de seguridad social, líneas de avales, créditos ICO y ayudas a las administraciones locales, entre otras.
Pedro Sánchez ha explicado que estas medidas, «concretas y realistas, que entran en vigor ya», son «un buen primer paso», pero no el último, porque suponen el comienzo de un «Plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunitad Valenciana», que es la región más afectada por esta tragedia, y que constará de tres fases: la primera, que es la respuesta inmediata; la segunda, la de la reconstrucción de las zonas afectadas, y, finalmente, una tercera, que es la fase de relanzamiento y, por tanto, de la transformación necesaria para adaptar el territorio a la emergencia climática. Un Plan que -tal y como avanzó el jefe del Ejecutivo- «durará el tiempo que sea necesario para recuperar la normalidad en el territorio valenciano».
En este sentido, ha avanzado que en los próximos días el Ejecutivo aprobará nuevas medidas más sectoriales para los trabajadores, las empresas, los sectores que se han visto más afectados -como la agricultura, la industria o el turismo- y las Administraciones públicas. «Queda mucho trabajo por delante. Y vamos a estar con nuestra gente hasta el final. Con todos los medios, todo el tiempo que sea necesario», ha remarcado Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en La Moncloa, en la que ha insistido en que las prioridades del Gobierno son «salvar vidas, localizar e identificar a los fallecidos, reconstruir las viviendas, calles e infraestructuras dañadas y recuperar la normalidad». «Esas son nuestras prioridades. No nos vamos a desviar» aseveró.
Ayudas directas a ciudadanos y empresas afectadas
Pedro Sánchez ha pasado a desgranar el contenido del primer paquete de medidas destinado a ayudar a los hogares, empresas y ayuntamientos, que se activará «con el menor papeleo y la mayor celeridad y agilidad posible».
Con el Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños causados por la DANA aprobado hoy por el Consejo de Ministros se van a cuadruplicar las ayudas públicas previstas en el Real Decreto 307, que regula las subvenciones en atención a necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se harán universales, de modo que puedan llegar a todos los hogares afectados con independencia de los umbrales de renta. En concreto, el Estado va a transferir hasta 72.000 euros por casos de incapacidad; entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas; hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos y enseres, y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos, como portales o ascensores.
Además, se van a transferir ayudas directas para las pymes y los trabajadores autónomos con domicilio fiscal en las zonas afectadas por la DANA por un valor total de 838 millones de euros. Estas ayudas serán de 5.000 euros para los autónomos y oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros para las empresas, en función de su volumen de operaciones. Para recibirlas, bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de un mes, estimándose una cifra de beneficiarios de 65.000 trabajadores autónomos y unas 30.000 empresas.
Incapacidad temporal extraordinaria, prestación por cese de actividad y aumento del 15% del Ingreso Mínimo y pensiones no contributivas
Al mismo tiempo, se crea una incapacidad temporal extraordinaria de trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos por la DANA, a las que se les garantizará el cobro del 75% de su salario desde el primer día de incapacidad. Las pensiones por incapacidad, viudedad y orfandad causadas por la DANA también se asimilarán a accidentes laborales y, por tanto, verán aumentadas su cuantía y mejoradas sus condiciones al calcularse en base a los ingresos totales del último año.
También se ha habilitado a aquellos autónomos que se hayan visto afectados la posibilidad de solicitar una prestación por cese de actividad que corresponderá al 70% de su base de cotización, aunque no hayan cumplido los 12 meses mínimos exigidos por ley para acceder a ella.
Asimismo, las personas que ya reciben el ingreso mínimo vital o pensión no contributiva las verán aumentadas en un 15% durante los próximos 3 meses. Con la posibilidad de prorrogar más tiempo esta medida, en función de cómo avance la situación.
Línea de avales DANA por 5.000 millones de euros
Para complementar estas ayudas, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una Línea de avales DANA por valor de 5.000 millones de euros. Esta nueva línea de avales será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y permitirá a pymes, empresas, autónomos y, como novedad, a los hogares, acceder a través de su banco a créditos con la garantía del Gobierno y en condiciones muy favorables. Se trata de «créditos para reequipar sus empresas, abrir sus negocios, o reparar sus viviendas lo antes posible, ha explicado Pedro Sánchez, quien ha señalado que, normalmente, se necesitan entre 2 y 3 meses para poner en marcha esta clase de mecanismo, si bien el Gobierno trabajando con las entidades financieras para que los créditos puedan solicitarse a partir de la semana que viene. Hoy se ha aprobado un primer tramo de 1.000 millones de euros, y en los próximos días se aprobará el resto hasta llegar a los 5.000 millones de euros, una cuantía similar a la que las empresas de toda la provincia de Valencia requirieron durante la crisis provocada por la COVID-19, según ha apuntado.
Paquete de moratorias y exenciones fiscales
Además de las ayudas directas y los créditos ICO, el Consejo de Ministros ha aprobado un amplio paquete de moratorias y exenciones fiscales. Los ciudadanos de las zonas afectadas podrán retrasar el segundo pago de la declaración de la Renta 2023 al 2025 -afectando a unos 200.000 contribuyentes en la provincia de Valencia-, así como cualquier otro impuesto que tuviesen pendiente con la Agencia Tributaria. Además, se conceden exenciones y reducciones en las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del ejercicio 2024 de los inmuebles dañados como consecuencia directa de la DANA. Tampoco tendrán que pagar las tasas de tramitación de las bajas de los vehículos en Tráfico, o la expedición de los documentos oficiales que hayan perdido. Se contempla también para las actividades agrarias una reducción de los índices de rendimiento neto para el año 2024 del método de estimación objetiva (módulos) del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA, en relación con las explotaciones y actividades agrarias realizadas en la zona afectada.
Adicionalmente, y en base a la reforma laboral aprobada la pasada legislatura, las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores a través de un ERTE estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores, al menos hasta febrero de 2025, con el fin de para paliar la falta de ingresos y favorecer el mantenimiento del empleo y del tejido productivo. Junto a este ‘coste cero’ de las cotizaciones a empresas y trabajadores afectados en ERTE, se considerará además este periodo como plenamente cotizado para futuras prestaciones. De igual forma, el «escudo social» frente a la DANA incluye aplazamientos y moratorias para las empresas de la zona no afectadas directamente y se darán facilidades en los pagos a la Seguridad Social, con la suspensión y ampliación de plazos.
Gracias al acuerdo alcanzado con los bancos, los ciudadanos y las pymes que tengan una hipoteca o un préstamo al consumo, podrán posponer el pago íntegro de sus créditos durante 3 meses, y pagar solo los intereses durante 9 meses adicionales. A modo de ejemplo, ha señalado que los ciudadanos afectados por la DANA con una hipoteca media de 120.000 euros con una cuota mensual de 600 euros, no pagarán durante tres meses y, durante los siguientes nueve meses, abonarán 300 euros. Se estima que este alivio total de un año podrá beneficiar a unas 30.000 empresas y a miles de hogares. «Nos ayudará a proteger al tejido productivo local hasta que la situación mejore, como ya hizo durante la Covid», ha enfatizado Pedro Sánchez.
Refuerzo de recursos financieros y humanos de las administraciones locales afectadas
El Consejo de Ministros ha aprobado también este martes el acuerdo por el que se declara «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» al territorio damnificado como consecuencia de la DANA, que aplicará a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón, incluyendo una serie de medidas para reforzar los recursos financieros y humanos de las administraciones locales afectadas. «Queremos que los ayuntamientos puedan dar el mejor servicio posible a la ciudadanía en estas circunstancias tan difíciles y que puedan empezar -cuanto antes- las tareas de reconstrucción», ha apostillado.
En concreto, el Gobierno de España pagará el 100% de los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados por la DANA. Financiando todas las acciones que tengan que ver con la retirada de lodo, escombros y enseres inservibles, el suministro de agua potable, la limpieza de las calles, y el alojamiento y manutención de los vecinos afectados. Además, el Estado pagará hasta el 50% de todas las obras que tengan que llevar a cabo en los próximos meses y años para reparar infraestructuras, instalaciones y servicios como carreteras, polideportivos, o centros cívicos y culturales para «recuperar la normalidad y cotidianeidad». También se compensará por los impuestos municipales que van a dejar de percibir durante esta crisis y se ampliará su posibilidad de gasto con las inversiones financieramente sostenibles.
Al mismo tiempo, se van a reforzar los juzgados y los equipos de notarios y registradores de la propiedad y se va a habilitar un Portal de emergencias registrales para que, vía satélite, los ciudadanos puedan certificar la ubicación de sus bienes inmuebles de la forma más sencilla y rápida posible. Igualmente, se van a abrir oficinas de refuerzo en los municipios afectados que apoyarán a los funcionarios locales a atender a la ciudadanía y acelerar los trámites burocráticos. «Las administraciones locales están ahí, conocen mejor que nadie las necesidades y la realidad de sus municipios. Están haciendo un extraordinario y encomiable trabajo, y lo que el Gobierno y el conjunto de España tiene que hacer es apoyarlas, dándoles todos los medios económicos, humanos y técnicos que necesiten para superar esta terrible tragedia», ha añadido Pedro Sánchez.
Comisión Interministerial y refuerzo de la cooperación con gobiernos autonómicos
El presidente del Gobierno ha anunciado también la creación de una Comisión interministerial que coordinará las labores de reconstrucción entre todos los ministerios competentes y se abrirán canales de interlocución con el sector privado, los sindicatos, y la sociedad civil. A su vez, se ha adoptado una serie de mecanismos para fortalecer la cooperación bilateral con los gobiernos autonómicos afectados y, muy especialmente, el gobierno de la Generalitat Valenciana.
Solicitud del Fondo Europeo de Solidaridad
Finalmente, se ha solicitado a la Comisión Europea la Ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y se ha solicitado al Consejo y al Parlamento Europeo la aprobación por vía de urgencia de un nuevo Reglamento denominado RESTORE, que nos permitirá reprogramar los fondos de cohesión FEDER y FSE+ para dedicar parte de estos recursos a paliar los daños ocasionados por desastres naturales. «España siempre ha sido un país constructivo que ha ayudado a la Unión Europea cuando ha hecho falta y ahora es el momento de que la Unión Europea nos ayude a nosotros», ha añadido.
Plan de refuerzo de personal
Con el fin de agilizar la tramitación de estas ayudas, el Gobierno de España contratará, inicialmente, a cinco personas para reforzar las subdelegaciones de Castilla-La Mancha: dos en Albacete, dos en Cuenca y una en Guadalajara. “Este refuerzo en las plantillas comenzará a trabajar en los próximos días y podrá ampliarse si es necesario”, ha vuelto a recordar la delegada.
