El procedimiento penal (D.P. 68/2021) abierto en enero de 2021, en el que figuran como investigados la empresa CONTRADI, S.L. y Ayuntamiento de Cuenca Maderas, S.A., por las presuntas talas ilegales en la Cañada del Mostajo , sigue vivo, puesto que (aunque la jueza del juzgado nº2 de Cuenca emitió un Auto de archivo provisional el 17 de marzo), la vista del recurso de apelación ante este auto se ha señalado en 5 de octubre.
Así lo revela en un comunicado la organización Ecologistas en Acción, en el que señala que al recurso planteado ante de la Audiencia Provincial de Cuenca promovido por la Federación de Ecologistas en Acción de CLM, se ha adherido parcialmente el Ministerio Fiscal. Si bien, paralelamente al procedimiento penal, se desarrollan varios procedimientos sancionadores por vía administrativa. En el marco de uno de estos procedimientos (mediante las denominadas «medidas complementarias»), se han llevado a cabo las obras, nuevamente con intervención de maquinaria pesada, en zona especialmente sensible y protegida del Parque Natural de la Serranía de Cuenca.
La Delegación, califica como de «restauración» a estas obras y la asociación ecologistas las tilda de meramente «estéticas» y opina «que tratan de disimular, cuando no tapar indicios y ocultar pruebas de la intervención denunciada; así como reactivar una trocha para facilitar a la empresa investigada, la extracción de madera cortada de forma presuntamente ilegal».
Denuncian que no se les ha informado como parte interesada ni se les ha facilitado un solo documento: «no existe proyecto de obra, informe previo de las afecciones, ni la preceptiva autorización de la Consejería». Por eso y en aplicación de la Ley 5/2007, por el que se declara el Parque Natural de la Serranía de Cuenca y de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza, la organización ecologista ha registrado una denuncia por entender que se trata de una «infracción grave».
Para Carlos Villeta, miembro de Ecologistas en Acción de Cuenca: «Nos resulta muy sorprendente que el Delegado tome partido por los investigados, ninguneando tanto los agentes medioambientales que denunciaron los hechos, como a la sociedad civil y se esfuerce en ocultar los daños ocasionados, saltándose el procedimiento administrativo y la ley de creación del PN de la Serranía de Cuenca. Por ello, hemos interpuesto una queja y denuncia ante su Consejería».
«Hay que recordar que, los agentes medioambientales tienen consideración de «autoridad» y sus actas de denuncia tienen «presunción de certeza» según la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza. Pero no tenemos muchas expectativas, puesto que el Sr. Molina es Juez y parte. Por eso, la única forma de garantizar el esclarecimiento de los hechos, los daños, sus consecuencias y depurar responsabilidades, es que el procedimiento penal no se cierre en falso. La adhesión parcial del Ministerio Fiscal, nos da esperanzas. El 5 de octubre veremos qué decide la Audiencia Provincial».
