La Asociación Plataforma Serranía Limpia y Viva lamenta que «la moratoria a las macrogranjas porcinas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ha entrado en vigor este mes, es tan insuficiente que deja fuera proyectos cuya tramitación ya se ha iniciado y que además incluyen irregularidades e ilegalidades como es el caso de Zarzuela, en Cuenca, donde hay varios recursos presentados».
Apunta en nota de prensa la Plataforma que «el proyecto de macrogranja de Zarzuela prevé una capacidad para 2.685 madres reproductoras (más 400 de reposición), 80.000 lechones de hasta 20 Kg al año, y 6 verracos, con un consumo superior a los 44.000 m3 de agua anuales y la generación de más de 17.000 m3 de purines a las puertas del Parque Natural de la Serranía de
Cuenca.
Además, señala que «el proyecto presentado y el procedimiento seguido por la empresa para su aprobación no ha respetado la legislación. Por ello, se ha presentado recurso de alzada a la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que concede la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la JCCM, y Recurso Potestativo de Reposición a la
concesión de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En ambos recursos se ha puesto de manifiesto las irregularidades e ilegalidades cometidas».
Para la asociación «resulta especialmente alarmante el caso de la Autorización Ambiental Integrada que contradice lo aprobado previamente por el mismo organismo autonómico en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En la DIA se indicaba que los purines tendrían una planta de tratamiento para la reducción del nitrógeno mediante un proceso de nitrificación-desnitrificación (el llamado NDN). Sin embargo, posteriormente, en la Autorización Ambiental Integrada, dicha planta de tratamiento desaparece y considera suficiente que los purines se esparzan en las tierras agrícolas».
«La empresa promotora de la macrogranja afirma, tras las modificaciones hechas al proyecto básico inicial, disponer de 381,38 hectáreas netas para esparcir estos purines. Sin embargo, una vez aplicadas las restricciones y condicionantes legales en las parcelas elegidas, la realidad es que solo hay 113,31 hectáreas hábiles para esparcir purines, cuando hacen falta más del doble,
según la normativa», sentencia.
Además, «Zarzuela no tiene ejecutado el perímetro de protección de sus aguas de abastecimiento humano, como obliga la Directiva Marco del Agua (DMA, 2000) y la normativa estatal».
Asimismo, la plataforma considera que «lo más grave es que dentro de la superficie propuesta por la empresa en el proyecto para
esparcir los purines, y que cuenta con la aprobación de la Administración Autonómica en la Autorización Ambiental Integrada, hay unas 80 hectáreas dentro del perímetro de protección de las aguas de abastecimiento para consumo humano del pueblo vecino de Sotos, una superficie declarada Zona de Protección Moderada desde 2010″. Sentencia que «realizar vertidos en estos terrenos pondría en grave riesgo la salud de los habitantes de Sotos. Además, los vertidos en esta zona precisan de autorización especial y estudios hidrogeológicos con los que el proyecto no cuenta. Junto al daño medioambiental, es necesario recordar el grave perjuicio del proyecto para la economía local de la zona. Además de la agricultura y ganadería extensiva, ésta se dedicada fundamentalmente al sector servicios con el turismo, la hostelería, el ocio y la naturaleza».
Por tanto, la Asociación Plataforma Serranía Limpia y Viva insiste en que «la moratoria debe abarcar los expedientes iniciados y no concluidos, y cumplir el fin perseguido por el legislador: prevenir la contaminación. Más aún, cuando el caso de Zarzuela demuestra que son los vecinos de los pueblos, a través de asociaciones y plataformas como Serranía Limpia y Viva, quienes están haciendo la función pública de prevención que desde luego ha dejado de hacer la JCCM, frente a la expansión de la ganadería industrial que la moratoria no ayuda a parar».
