El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación del Gobierno regional y los Hermanos Mata de la Huerta SL a la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de C-LM contra la resolución que otorgaba autorización ambiental integrada para una explotación porcina en Huerta de la Obispalía.
Según ha indicado el colectivo Pueblos Vivos en un comunicado, «la localidad de Torrejoncillo del Rey ya sufría los efectos de otra macrogranja de la misma empresa, que había contaminado el acuífero con nitratos según la sentencia 10/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y por ello, las fuentes de abastecimiento a la población habían dejado de ser potables. Aun así, la Junta recurrió dicha sentencia ante el Tribunal Supremo, que ahora no admite el recurso a trámite».
La inadmisión del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo el 26 de junio, que se ha conocido recientemente, se basa «en la falta de fundamentación suficiente del recurso y en que no encaja en la figura legal de ‘recurso de casación¡ ya que estos se refieren a la valoración de los hechos y las pruebas, pero no a asuntos procesales».
Sentencia condenatoria por otra macrogranja
Pueblos Vivos recuerda que en enero de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha emitió sentencia «que condena a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por otorgar de forma ilegal autorización ambiental integrada (AII) a otra macrogranja porcina también propiedad de la empresa Hermanos Matas de Huerta S.L. Sin embargo dicha sentencia fue incumplida por la Consejería de Agricultura Agua y Desarrollo Rural, posicionándose a favor de la empresa infractora y acelerando los trámites para una nueva Autorización Ambiental Integrada (AAI), lo que supuso que en la práctica no hubo ni un solo día de paralización de la actividad de la macrogranja condenada. Esta empresa cuenta con un total de 5 explotaciones en Huerta de la Obispalía que suman 22.000 plazas de cebo y 2.500 madres».
Para Toni Jorge, presidente de Ecologistas en Acción de La Manchuela, “La Junta,rompiendo el principio de seguridad jurídica y de imparcialidad, en vez de defender el bien común, se pone de nuevo del lado de una empresa infractora. Denunciamos el escaso compromiso del Gobierno Regional en defender nuestros recursos naturales y en especial el agua de nuestros acuíferos que están altamente contaminados. Por este tipo de acciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España en marzo por incumplir las obligaciones de la normativa de protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos en ocho comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, mencionada 26 veces en la sentencia por diversos incumplimientos de directivas europeas”, ha finalizado Jorge.
