La Asociación Pueblos Vivos Cuenca ha avanzado que el gobierno de Castilla-La Mancha «ya ha preparado el paquete legal que pondrá fin a la moratoria a las macrogranjas porcinas que ha estado vigente desde 2022. Este paquete normativo incluye un nuevo decreto de purines, un plan de biometanización 2024-2030, cambios en la Ley de Evaluación Ambiental, cambios en la Ley de proyectos prioritarios para favorecer las plantas de biogás y una nueva Ley de Simplificación y Agilización administrativa».
Según señala este colectivo en nota de prensa, este nuevo marco normativo «permitirá que se vuelvan a conceder autorizaciones para macrogranjas de más de 2.500 cerdos de cebo y para ampliaciones, tras los tres años de pausa que permitió la moratoria. El pasado 2 de octubre se celebró una reunión en la sede de la Consejería de Desarrollo Sostenible entre el director general de Calidad Ambiental (Tomás Villarrubia), el coordinador de Medio Ambiente (Javier Ariza) y las organizaciones Stop Ganadería Industrial (que agrupa a 30 plataformas vecinales de toda la región), Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha y Greenpeace tras repetidas solicitudes de una reunión y de información sobre el fin de la moratoria por parte de estos colectivos. Estos altos cargos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, responsables de la aprobación ambiental de los proyectos de macrogranjas, afirmaron que la ganadería industrial en nuestra región tiene todavía mucho margen de crecimiento, poniendo como ejemplo Cataluña y Aragón (las mayores regiones por censo porcino), por lo que no se planea ningún tipo de limitación a su crecimiento».
Los colectivos asistentes a esta reunión la califican de “extremadamente preocupante, ya que la Consejería con las competencias medioambientales defiende que Castilla-La Mancha aumente su censo porcino, y lo más grave es que tomen Cataluña como modelo a seguir, donde el 45% de los municipios están declarados como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrícola”. Los colectivos agrupados en Stop Ganadería Industrial prevén que con el fin de la moratoria «a partir de enero se tramiten un aluvión de proyectos de construcción y ampliación de macrogranjas que ahora están en pausa».
Nuevo decreto de purines
Por otro lado, Pueblos Vivos ha asegurado que el gobierno regional ha presentado el proyecto de Decreto por el que se regula la gestión de estiércoles de explotaciones porcinas. En el preámbulo «se reconocen los problemas derivados de la utilización de los purines como fertilizantes agrarios, “omo son la contaminación de las aguas por nitratos, los vertidos no controlados o la contaminación atmosférica por emisiones de metano o amoniaco o la contaminación del suelo por metales pesados”.
A pesar de ello, señalan en el comunicado, el decreto «trae pocos cambios efectivos para mitigar estos problemas. Las macrogranjas de menos de 2.500 cabezas de cebo (que aglutinan el 45% del censo existente) podrán seguir aplicando los purines sobre los suelos agrarios, mientras que las explotaciones existentes que superen ese nivel tienen un plazo de 10 años para adaptarse a un nuevo método de gestión de purines, como por ejemplo llevarlos a una planta de biogás. Este mismo periodo de gracia se concede a la adaptación a la normativa de todas las balsas de purines. La misma concesión de este periodo supone un reconocimiento del hecho que muchas de ellas actualmente no están lo suficientemente impermeabilizadas, con los riesgos de filtraciones que ello supone. Según el decreto, estas adaptaciones serán objeto de ayudas por parte del gobierno regional».
Asimismo, destacan que «solo se les prohíbe el vertido directo de purines a las nuevas explotaciones de más de 2.500 plazas que se construyan a partir de ahora, y podrán optar o bien por el transporte a planta de biometanización o la separación sólido-líquido con el compostaje del sólido y la desnitrificación del líquido, eso sí, sin exigir ninguna cifra a la proporción de nitrato reducida. Por lo tanto, los purines de los 2,4 millones de cerdos existentes en Castilla-La Mancha, según las cifras del Registro Ganadero de la Junta del año 2022, se podrán seguir esparciendo en los campos en los próximos 10 años».
Plan de biometanización
Pueblos Vivos ha advertido, por otro lado, que tras la reciente modificación de los criterios de la Ley de Proyectos Prioritarios «se pretende desde la Junta facilitar al máximo la instalación de plantas de biogás vinculadas a la ganadería industrial, y en el plan de biometanización presentado se estima la construcción de un mínimo de 24 plantas y un máximo de 60 en la provincia de Cuenca.»
Según las organizaciones vecinales y ambientales este plan «responde a las presiones crecientes del lobby energético y de los fondos de inversión, que han descubierto un rentable negocio financiado con fondos europeos, y viene a perpetuar un modelo ganadero industrial claramente insostenible con una enorme huella de carbono producida en el proceso previo a biogás, y que en muchos casos supone entre el 85 y 90 por ciento de la huella total. Afirman que su promesa de descarbonización es un fraude en toda regla. Sostienen que el problema de la región es que de los 15 millones de toneladas de residuos que genera anualmente, el 70% viene de la ganadería industrial. En el plan de biometanización no hay ninguna alusión al posible efecto de los vientos dominantes y, con el tamaño de macroplantas que se están planteando, las limitaciones de 3 km desde el núcleo urbano se quedarán cortas».
