El diputado del Grupo Popular, Benjamín Prieto, ha asegurado este jueves por la mañana que la pérdida de licencias de pesca en las provincias de Cuenca y de Guadalajara es, sin lugar a dudas, “la más grave de cualquier provincia española en los últimos 20 años. Un alarmante y estrepitoso descenso de más de 22.000 licencias desde el año 2000, y en Cuenca, términos similares desde 2004”.
Prieto ha hecho estas declaraciones en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha donde ha explicado que los cotos situados en el Río Tajana y en el Río Tajuña han venido operando a plena satisfacción de todos los implicados desde hace 30 años y ha lamentado que “ahora se pretenden cerrar”.
A su juicio, “es inaceptable” arrebatar estos derechos básicos a los pescadores tradicionales, veteranos y jóvenes aprendices, “cuando la pesca en coto intensivo es absolutamente compatible y sostenible, porque lo ha demostrado durante 30 años, y además se garantiza por la ley y reglamento de pesca”.
Por ello, ha aseverado que aprobar por Orden un Plan denominado de Gestión de la trucha común para eliminar, entre otros, este derecho a la pesca, “es cuanto menos alegal”. El parlamentario regional ha reprochado a Page y a los socialistas que hayan hecho esto “sibilinamente, prohibiendo año tras año formas de pescar, cebos, artes de pesca y, finalmente, restringiendo la desveda a medio año en estos cotos, extremo este definitivo, ya que hace económicamente inviable la gestión de un coto intensivo por una sociedad de pescadores colaboradora de la Administración”.
Prieto ha explicado que las asociaciones de pescadores han presentado al Gobierno Regional un trabajo técnico a este respecto y ha tachado de “inaceptable que Page y su Gobierno lo deseche sólo por axiomas excluyentes, ecologistas radicales y que van contra la multifuncionalidad que tienen afortunadamente nuestros ecosistemas acuáticos y contra el mundo rural”.
Del mismo modo ha explicado que no se aprovecha una ley y un reglamento de pesca muy adecuados para su fomento porque “quieren modificar e introducir medidas anti-pesca”, como las que introduce el plan de gestión: “toda corriente de aguas, sea como sea, sólo puede pescarse sin muerte y durante diez años con los aparejos que diga el redactor del plan”, unas medidas, “muy restrictivas y alejadas de la práctica de la masa social del mundo rural”.
El diputado regional ha aseverado que “no se debe prohibir por prohibir, por mero capricho ideológico totalitario de una minoría autodenominada científica”. Prieto ha defendido “usar una gestión multifuncional, inteligente y activa para actuar impulsando actividad en los pueblos de la España rural”, finalmente ha pedido al Gobierno regional que “trate a los pescadores con delicadeza y atiendan sus propuestas para que la práctica deportiva de la pesca no quede como algo residual y se perjudique la actividad económica en nuestro territorio”.
