Los empleados públicos en zonas despobladas podrán teletrabajar un 90% de la jornada, quedando la asistencia presencial establecida en un día al mes. Así lo ha confirmado la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, en la Comisión de Función Pública celebrada el pasado jueves en el Senado.
Este anuncio se produjo tras la pregunta del senador de Teruel Existe Joaquín Egea, que planteó si desde la Secretaría de Estado se habían implantado medidas para dar cumplimiento a lo aprobado en dos mociones de Teruel Existe: la primera de mayo de 2021, en el Senado, relativa a desarrollar incentivos, como el complemento de territorialidad, para solucionar la cobertura de plantillas de empleados públicos en zonas despobladas (Guardia Civil, INSS, Juzgados, Agencia Tributaria, Catastro y Confederaciones Hidrográficas); y la segunda, de comienzos de este mes de octubre, por la que el Congreso aprobó una propuesta para fomentar el teletrabajo de los funcionarios que residan en el medio rural.
La secretaria de Estado centró su respuesta en el desarrollo de la regulación del teletrabajo, con el establecimiento de un paquete específico para zonas de riesgo demográfico y de difícil cobertura que permitirá desarrollar un 90% de la jornada en esta modalidad, con la asistencia presencial fijada en un día al mes, “con la intención de hacer atractiva la implantación en el territorio de los empleados del Estado”.
Lidia Sánchez confirmaba así que el Gobierno ejecutará la medida recogida en la moción presentada por Teruel Existe a la que se refirió Egea, sobre la aplicación de un plan de trabajo a distancia para el sector público, que contribuya a la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. Indicó que se trata de “una posibilidad excepcional, dado que la forma ordinaria de prestación de los servicios públicos es la presencial y porque el teletrabajo no es un derecho, sino una fórmula que gira en torno a la eficacia en la prestación de estos servicios, que ofrece posibilidades como ésta de la movilidad”.
Además, explicó que conllevará una autorización para trabajar en lugares con problemas de despoblación o difícil cobertura y que una vez al mes tendrán que acudir a su centro de trabajo de origen. También adelantó que se llevarán a cabo convenios con las administraciones locales para habilitar instalaciones públicas como centro de trabajo para estos funcionarios.
