En la mañana del domingo 12 de septiembre cientos de coches, tractores y remolques, según la organización, han vuelto a expresar su rotunda negativa «a la construcción de una granja intensiva de cerdos a escasos 300 metros del pozo de agua que abastece al pueblo de Quintanar del Rey». Los vecinos manifiestan que «se sienten desprotegidos ante una compleja normativa que siempre termina favoreciendo a los grandes promotores de granjas intensivas de cerdos, desatendiendo por completo la voluntad de los pueblos en los que se instalan».
Asevera Quintaverde Pueblo Vivo en un comunicado que «la situación es del todo irregular y, sin embargo, las obras se han reiniciado desde hace ya una semana. El día 1/10/2020, la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible firmó el acuerdo de suspensión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada de la citada macrogranja, otorgada por la misma Consejería en 2016, para revisar supuestas irregularidades que habían sido detectadas en su tramitación. Desde entonces los vecinos siguen esperando que se resuelva la suspensión, pero nada ha sido comunicado ni al Ayuntamiento ni a la asociación Quintaverde Pueblo Vivo que solicitaron personarse en el recurso administrativo». No obstante, sentencian que «las obras siguen con una suspensión de oficio vigente y dictada por la Consejería de Desarrollo Sostenible. Nadie entiende por qué no hay resolución y, sin embargo, el promotor ha decidido reiniciar las obras».
«Son muchas las irregularidades que a lo largo de estos años han permitido que esta instalación de industria ganadera se proyectara y construyera a escasos 300 metros de un pozo de abastecimiento de agua de boca. La primera de ellas se refiere a la no comunicación a las partes afectadas de que en aquel lugar se iba a construir una macrogranja; pero, es más, se mintió deliberadamente al afirmar que se había consultado a la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuando el Comisario de Aguas Adjunto lo desmintió públicamente en los medios de comunicación». En el informe por el que la Consejería de Desarrollo Sostenible otorga Autorización Ambiental a la empresa «no figura en ningún momento la peligrosa cercanía del pozo de agua ni aportan estudio alguno sobre la incidencia de filtraciones accidentales que terminarían mezclándose con el agua del que se suministra la población».
La segunda es «el falseamiento de muchos de los datos que aparecen en dicho informe, empezando por las fórmulas matemáticas que aplican para maximizar los efectos positivos y minimizar los negativos; siguiendo por la cantidad de litros de agua que dicen van a necesitar, cuando incluso es la propia CHJ la que establece 7,3m3 por cada cerda madre y lactante, obviando por completo esta cifra, ya que consideran que tendrán un consumo de 15.540 m3 agua/año pero cuando van a solicitar permiso de sondeo a la CHJ la cifra asciende a 23.980m3/año». La asociación se pregunta «si es que nadie comprueba la fiabilidad de los documentos aportados en un asunto tan serio y tan controvertido que ha generado una alarma social de grandes magnitudes en la localidad de Quintanar del Rey».
Indican los manifestantes que «la gota que ha colmado el vaso en esta semana, además del comienzo de las obras, ha sido la comprobación de que el día 16/06/2021 el promotor hace una solicitud a la CHJ para el sondeo de 23.980m3 de aguas subterráneas en la parcela donde se está construyendo la macrogranja y lo publican en el Boletín de la Provincia; sin embargo, el ayuntamiento obligado a dar visibilidad a la nota informativa –Villanueva de la Jara– lo hace el 13/08/2021, 68 días después y haciendo alusión a que se tienen 20 días, desde el 14 de junio, para hacer cualquier alegación».
«Con un exhaustivo informe hidrogeológico encargado por la asociación Quintaverde Pueblo Vivo para conocer de forma precisa la incidencia de las posibles filtraciones de purines, se llega a la conclusión de que en los diferentes supuestos planteados, la contaminación llegaría necesariamente al agua que beben los quintanareños». Esta es la razón fundamental «por la que el pueblo entero ha vuelto a levantar la voz y no van a dejar de hacerlo hasta que la razón se imponga, afirman, tarden lo que tarden. Nadie entiende cómo hay administraciones, organismos y políticos con nombres y apellidos que firman autorizaciones ambientales integradas tapándose ojos y oídos ante lo que ya se ha constatado en otros pueblos que han dejado de tener agua potable a consecuencia de los purines filtrados en los acuíferos y ante lo que dicen los datos objetivos de todos los expertos consultados».
El domingo 12 de septiembre, el pueblo de Quintanar del Rey «ha buscado llegar de nuevo a los despachos con las voces, las imágenes, los manifiestos y los informes técnicos en las manos. ¿Desarrollo sostenible? ¿Economía circular? Todos se preguntan qué pretenden obtener los que están permitiendo semejante despropósito, a sabiendas de que van a contaminar su agua».
