Un nuevo permiso penitenciario concedido en marzo al homicida que hace siete años mató a su mujer en Villanueva de la Jara ha reavivado las quejas por parte de los familiares de la víctima. En esta ocasión han presentado un escrito en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la que se quejan de que se le otorguen permisos por un listado de siete motivos entre los que incluyen “hacer caso omiso de las responsabilidades civiles a las que fue condenado”.
El hermano de la víctima, José Antonio Picazo argumenta la “falta de cumplimiento de las obligaciones civiles que en su día asumió el penado” en que él como hermano de la víctima se ha visto obligado a asumir de forma íntegra las costas procesales del abogado de la acusación “sin que hasta la fecha y pese al tiempo trascurrido se me haya hecho entrega de la cantidad”. “Pese al incumplimiento de sus obligaciones, el interno está disfrutando de permisos penitenciarios que entendemos no le corresponden”, lamenta Picazo en su comunicado. El mismo ha señalado que ahora ha tenido que denunciar al condenado «para que éste se haga cargo de las costas y cumpla con toda la sentencia».
En el escrito, presentado por el hermano de la víctima, José Antonio Picazo, y al que Voces de Cuenca ha tenido acceso, manifiesta “la oposición a cualquier tipo de permiso solicitado por el penado por entender que generaría alarma en las víctimas y alarma social en la localidad, con los graves perjuicios que tal concesión originaría”.
La familia entiende que en este caso “cualquier tipo de permiso sería prematuro atendiendo a la gravedad del hecho cometido y la alarma en los familiares de la víctima”. Además, añade que “el lugar en el cual el preso reside en los periodos se encuentra a escasos 10 kilómetros del lugar en el que residen los familiares de las víctimas, en concreto madre e hijos de la víctima, y el hecho de saber cerca al hoy penado puede suponer desasosiego para ellos”.
El escrito presentado por José Antonio Picazo subraya que la familia “desconoce la reinserción del penado que haga aconsejable la concesión de cualquier permiso”, así como “si hay arrepentimiento del penado, puesto que en modo alguno ha hecho frente a las indemnizaciones a las que fue condenado, y que demostrarían cuanto menos, su buena intención, su ánimo de reinserción y el arrepentimiento”. “Pues bien, a fecha actual no ha abonado las costas a las que en su día fue condenado, cantidad abonada por sus hijos, que son los acreedores de dicho crédito frente a su padre”, sentencia.
Asimismo, indica que a su juicio “la concesión de permiso, unido a la prohibición de acercamiento y comunicación que se establece en la sentencia, haría que las víctimas no pudieran libremente por su localidad, con el temor a encontrarse con el penado, dado que se trata de localidades pequeñas y situadas a escasa distancia”.
Además, en su listado de motivos para manifestar su oposición a los permisos, señala que “se ha de valorar la existencia de víctimas menores de edad, y pluralidad de víctimas, resultando nuevamente aconsejable la revocación del permiso”.
Andrea murió a manos de su marido el 2 de noviembre de 2013. Este fue declarado culpable y condenado a doce años y seis meses de prisión y una indemnización de 350.000 euros para los dos hijos menores que tenía con la víctima, así como a la madre y el hermano de esta. También, a no poder regresar a Villanueva de la Jara durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena, y a una prohibición de acerarse a menos de 500 metros de la familia de Andrea, así como tampoco intentar comunicarse con ellos por ningún medio.
Picazo ha recordado que para la familia de la víctima esta sentencia es «insuficiente» y que estos casos «deberían ser considerados asesinatos y los condenados cumplir condenas de 25 años sin derecho a permisos».
