El presidente provincial del Partido Popular y diputado regional, Benjamín Prieto, ha avanzado que el PP no renunciará a la instalación del ATC en la localidad de Villar de Cañas «porque somos defensores de esta infraestructura». Además, asegura que este proyecto «tiene una reserva de créditos de 750 millones de euros por parte de Enresa, compañía pública de la gestión de los residuos nucleares.
Prieto ha manifestado este lunes que «el ATC es necesario porque hay que gestionar los residuos nucleares. Desde que se suspendió el proyecto en julio de 2018 se han incrementado los residuos nucleares en 9.500 toneladas. Se han perdido 350 millones de euros. Nosotros hemos sido pragmáticos al elaborar las enmiendas con necesidades que no están dotadas presupuestariamente. Pero el ATC tiene una reserva de créditos de 750 millones de euros por Enresa desde hace años. El ATC tiene sus necesidades de crédito cubiertas». Estas mismas fuentes han resaltado que «no queremos que lo que ya hay invertido y ejecutado en nuestro provincia se pierda y lo vamos a ir reclamando como ya se hizo con el alcalde de Villar de Cañas», en referencia a los cerca de 200 millones que, en principio, deberían estar contemplados en los próximos Presupuestos Generales.
El máximo responsable del PP conquense ha resaltado que «somos defensores de esta infraestructura de forma razonada porque son más de 15 años en los que se lleva hablando de ella y fue fruto del consenso de los partidos en los años 2009 y 2010 a nivel nacional, como quedó constancia en las Comisiones de Industria. El ATC desde el día 6 de julio de 2018, desde que entró este nuevo Gobierno, se paralizó pero el crédito del ATC no ha desaparecido. Analizamos si procedía o no hacer una enmienda y no queremos ser demagógicos como lo ha sido el PSOE, que cogía de aquí lo del ATC para ponerlo en otro lado. No, el ATC es una partida finalista y, por tanto, esos fondos están a expensas, y así los haremos, de que se reactive un proyecto cuya última noticia la tuvimos en octubre con la sentencia del Tribunal Supremo en contra del acuerdo de Page de hacer la ampliación de la ZEPA para impedir la ejecución de estas obras».
