La Fiscalía pide 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para la alcaldesa de Vara de Rey por un delito de presunta prevaricación administrativa. Así consta en su escrito de acusación, al que Voces de Cuenca ha tenido acceso, y por el que solicitó la apertura de un juicio oral que se va a celebrar este miércoles en la Audiencia Provincial de Cuenca.
En su escrito, la acusación afirma que “en su condición de alcaldesa de la localidad de Vara de Rey, actuando contra el principio de legalidad y buen funcionamiento de la Administración Pública, durante los años 2016 y 2017, mandó ejecutar una obra en el municipio consistente en derribar unas casas antiguas y levantar un edificio que constituiría una sala multiusos, anexa al colegio de la localidad. La acusada sin que conste una resolución por la que se acordara la ejecución del proyecto, acometió las obras para la construcción de la sala multiusos planteándolas de forma que el objeto del contrato quedaría dividido en dos grandes partes: una primera parte consistente principalmente en derribar unos edificios que constituían las conocidas como ‘casa de los maestros’ y una segunda parte consistente en elevar sobre el solar a construcción de la sala multiusos”.
Según sostiene la fiscal, “para la realización de la obra, la acusada, sin existir justificación para el fraccionamiento conforme lo dispuesto en la Ley del Sector Público, vigente en aquel momento, decidió acometer las mismas con diferentes profesionales de gremios del pueblo, fraccionando así de forma indebida el objeto del contrato, de manera que ninguna de las facturas que se emitieron superaba el umbral de 50.000 euros, al que se refería el artículo 138 del texto legal anteriormente citado. De esta manera la acusada fraccionó artificialmente el objeto del contrato con la finalidad última de no ofertar la totalidad de la obra a licitación, cuando si se hubiera ejecutado como un solo proyecto éste hubiera tenido un coste total de al menos 137.404 euros”.
“Los profesionales a los que la acusada encomendó la ejecución de la obra, elegidos por ésta de manera completamente directa sin que pudiera mediar ningún competidor ajeno y basándose exclusivamente en su criterio, emitieron facturas al Ayuntamiento, que abonó las mismas por un importe total de al menos 137.404 euros”, se indica en el escrito de acusación.
“La acusada fraccionó el objeto del contrato, simulando que cada factura concreta que emitía cada uno de los diferentes profesionales intervinientes en la obra, constituiría una parte individual y fraccionable del objeto del contrato, generándose la apariencia de que ninguna factura individualmente considerada rebasaba los 50.000 euros, cantidad que en el contrato de obra constituye el límite de los llamados contratos menores, que son aquellos que no hay que ofrecer a licitación, abonándose las facturas de manera individualizada”, sentencia la Fiscalía.
El juicio oral, que será en la Audiencia Provincial, constará del interrogatorio a la acusada, cuatro declaraciones de testigos, así como la práctica de diversas pruebas documentales.
