El Grupo Griñó ha manifestado, en relación a la “Moción de defensa de la salud pública de los ciudadanos de La Mancha alta conquense y de la legalidad en la gestión de residuos del vertedero de Almonacid del Marquesado” presentada por el Grupo Popular de la Diputación de Cuenca, Grupo Griñó quiere manifestar que «lamenta que no se respete la presunción de inocencia a la que tienen derecho todos los ciudadanos y se utilicen falsedades como práctica para ejercer la política. Exigimos el mismo respeto que se exige para todas las causas abiertas: la presunción de inocencia y respeto al proceso judicial».
Asimismo, la compañía «niega de forma categórica las acusaciones vertidas sobre sus empleados y las sociedades del Grupo.La empresa garantiza que no ha existido ni existe riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Toda la actividad relacionada con la importación de residuos se ha realizado con estricto cumplimiento de la legalidad nacional e internacional».
A fin de facilitar los datos necesarios para poder contrastar las informaciones publicadas, la compañía señala en un comunicado que «en el periodo 2023-2024 en Castilla la Mancha se han generado 40 millones de toneladas de residuos. El parque ambiental de RDM (Reciclados del Marquesado, SL) tiene una capacidad de tratamiento de 600.000 toneladas para el mismo periodo. La instalación de tratamiento ha recibido solamente un total de 8.038 toneladas de residuos transfronterizos. Toda la actividad relacionada con la importación de residuos se ha realizado con estricto cumplimiento de la legalidad nacional e internacional. En ningún caso se han recibido residuos tóxicos ni peligrosos, lo que puede ser acreditado por los procedimientos de admisión, los informes de inspección de las autoridades competentes y por los resultados de analíticas del control así como de las aguas subterráneas».
Legislación vigente
La empresa inició su actividad en septiembre de 2019 con la planta de tratamiento prevista en la Autorización Ambiental IntegradaAAI. Posteriormente, se realizaron modificaciones en el proyecto y se acometieron inversiones para desarrollar una instalación de primer nivel. Como resultado, a finales de 2020, la nueva planta era una realidad y comenzó su actividad en febrero de 2021. «Todas las inspecciones realizadas desde los inicios de la compañía han cumplido con la normativa ambiental vigente».
Asimismo, la empresa garantiza que «no ha existido ni existe riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Existe un control ambiental que da garantías del buen funcionamiento de la instalación y la ausencia de impactos negativos para el medio ambiente y la salud. La compañía en todo momento ha cumplido con los procedimientos y protocolos que marca la legislación».
En lo que respecta al incendio ocurrido en 2021, «no se comprometió en ningún momento la estanqueidad de la celda del depósito, ya que esta fue reconstruida y certificada por una Entidad de Control Autorizada, bajo la supervisión de la administración competente. Del mismo modo, no existía riesgo para las aguas subterráneas, pues la instalación cuenta con un sistema de control mediante una red de piezómetros que rodea el recinto, cuyos análisis periódicos realizados por entidades independientes han confirmado en todo momento el buen estado del agua. Igualmente, los informes de calidad ambiental muestran que la salud de los vecinos no se vio comprometida en ningún caso».
La compañía «niega de forma categórica las acusaciones»
Asimismo, en relación a diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicación a raíz de una investigación liderada por la Guardia Civil sobre supuestas irregularidades en el traslado fronterizo de residuos procedentes de Italia, y una vez se ha tenido acceso al contenido documentado de dichas investigaciones, Grupo Griñó quiere manifestar que «la compañía niega de forma categórica las acusaciones vertidas sobre sus empleados y las sociedades del Grupo».
Grupo Griñó es un conglomerado de empresas familiar, fundado en 1933, especializado en la gestión y el tratamiento de residuos y servicios medioambientales, que «defiende los valores y principios de tres generaciones: compromiso con la sociedad y el entorno, compromiso con las personas y el talento, y adaptación al cambio con voluntad permanente de crecimiento. De la actividad del Grupo, dependen de forma directa más de 1.100 familias y 500 más de forma indirecta».
Por ello, desde el más «absoluto respeto a la labor de la Justicia, siempre ha prestado y seguirá prestando toda la colaboración necesaria a las autoridades policiales y judiciales para lograr el total esclarecimiento de los hechos. Los hechos que son objeto de denuncia se circunscriben a la actividad de traslado de residuos transfronterizos, que es perfectamente legal, y no llega al 2,5% del total de la actividad de negocio del Grupo. Las informaciones publicadas inicialmente en varios medios de comunicación no se corresponden en absoluto con la realidad y algunas de las valoraciones procedentes del atestado policial no tienen más valor que el de una denuncia (sin prueba alguna)».
La compañía señala en el comunicado que «durante el proceso Grupo Griñó demostrará que su actividad empresarial se ha ajustado en todo momento a lalegislación nacional e internacional, y que las acusaciones, que dañan gravemente su reputación, carecen de sustento. Grupo Griñó se reserva el derecho a reclamar judicialmente por losdaños y perjuicios ocasionados a raíz de la difusión de falsedades y difamaciones».
