El Gobierno de España ha asignado cerca de 20 millones de euros en este último año a la provincia de Cuenca para financiar los daños producidos en infraestructuras municipales y de la Diputación, tras las diferentes declaraciones de ‘zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil’.
Se trata de subvenciones asignadas por el Ministerio de Política Territorial para recuperar infraestructuras dañadas por fuertes lluvias, inundaciones, nieve u otros fenómenos meteorológicos adversos. En concreto, a la provincia de Cuenca le afectan la Resolución del 28 de julio de 2021 por la ‘Dana 2019’ y en la que se le asigna 2.018.544,77€, la Resolución del 24 de junio de 2022 por la ‘Dana Filomena’ por la que se le asignan 11.953.789,79€, y por último la Resolución del pasado 11 de agosto a través de la que se asigna a Cuenca una subvención de 5.251.980,16€
La subdelegada del Gobierno de España en Cuenca, Mari Luz Fernández, ha celebrado esta última resolución por la ‘Dana de septiembre de 2021’ ya que “viene a reafirmar el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la provincia de Cuenca”.
La financiación, nuevamente, de la reposición de infraestructuras municipales y provinciales dañadas “por fenómenos adversos” en la provincia, “evidencia una vez más la responsabilidad y sensibilidad del presidente Sánchez con la administración local”, ha señalado la subdelegada.
La Resolución del 11 de agosto de 2022 por la ‘Dana de septiembre de 2021’, asigna una subvención superior a los 5 millones de euros para 40 proyectos de la Diputación Provincial de Cuenca y los municipios de Albendea, Barajas de Melo, Belmonte, Belmontejo, Carboneras de Guadazaón, Casas de Fernando Alonso, Casas de Haro, Horcajo de Santiago, Huete, Iniesta, Las Mesas, Ledaña, Motilla del Palancar, Pajarón, Puebla de Almenara, San Pedro Palmiches, Tarancón, Valdeolivas, Valle de Altomira, Vellisca, Villagarcía del Llano y Villas de la Ventosa.
Las subvenciones del Ministerio de Política Territorial financiarán hasta un 50% los proyectos que ejecuten los ayuntamientos, cabildos, consejos insulares, diputaciones provinciales, comunidades autónomas uniprovinciales, comarcas y mancomunidades, excluyendo de estas ayudas los trabajos llevados a cabo con medios propios de las entidades locales.