La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Cuenca considera que el estudio elaborado por ADIF para justificar el cierre de la línea de tren convencional contiene «graves errores». Así, estiman que el operador ferroviario ha eludido contemplar el Real Decreto sobre Seguridad Operacional e Interoperabilidad Ferroviaria.
Este colectivo señala que «fuera del plazo concedido a las localidades afectadas para que alegaran acerca del posible cierre del ferrocarril de Cuenca, el director general de planificación y evaluación de la red ferroviaria ha facilitado el “Estudio de la línea convencional Aranjuez-Cuenca-Utiel” presentado por ADIF junto a la solicitud de clausura del tramo indicado. La portada de este estudio se ilustra con el logotipo de INECO, consultora dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y participada por capital de ADIF».
La Plataforma destaca en un comunicado que «examinado el estudio de la consultora, por diversos expertos, a instancias de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca y Pueblos con el Tren, coinciden en significar que el informe elude contemplar el Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias. La normativa española es bien clara a la hora de clasificar los pasos a nivel, con distintas protecciones y, al respecto, incluye criterios para aplicar estas protecciones. El estudio de INECO, simplemente sostiene que hay “un total de 77 pasos a nivel a lo largo del recorrido” (pág. 17), sin realizar análisis alguno de la protección a ser aplicada, conforme con el Real Decreto 929/2020».
En este sentido, apuntan que «cuando se confrontan estos 77 o 76 pasos -las dos cifras aparecen en el informe de INECO-, con el estudio firmado por ADIF en 2016 para el “acondicionamiento y mantenimiento en el tramo Aranjuez-Camporrobles”, en éste pueden localizarse 54. Habría que sumar un paso en la provincia de Valencia, pero, es cuando menos sorprendente que, con INECO los pasos crezcan y, con ellos, los millones de euros a ser imputados como costes para mejorar la línea».
Además del número, el citado estudio de ADIF «realiza un análisis del grado de protección a aplicar. Por eso, contempla suprimir pasos a nivel problemáticos y tratar y acondicionar otros por un total de 10 millones de €. De forma simple, INECO valora, sin aplicar criterio alguno, un coste de 114 millones de €. Si bien, el Real Decreto 929/2020 aclara que deberán suprimirse pasos a nivel, cuando la velocidad de las circulaciones ferroviarias sea igual o superior a 160 km/. h. o se duplique la infraestructura, condiciones que INECO no estima necesarias el ferrocarril directo Madrid-Valencia. Asimismo, deberán aplicarse grados de protección diferenciados, al registrarse un producto en el que se considera la intensidad de media de vehículos de carretera y la circulación media de trenes, un aspecto que el informe INECO, tampoco calcula, aunque, con relación al análisis de ADIF, impute una desviación de costes más de 100 millones de euros».
Cargas económicas inexactas
Estas mismas fuentes señalan que «sin examinar la clase de protección de los pasos y sus costes diferentes, INECO entre Aranjuez y Utiel estima un coste unitario de 1,5 millones de € a cada paso. Si bien, en estos momentos, ADIF está licitando a largo del territorio español precios menores. Al respecto, puede localizarse: “Adif avanza en la supresión de 300 pasos a nivel con una inversión prevista de 300 millones de euros” (9 de junio de 2022). Es decir, a un coste unitario de 1 millón de €. También, con fecha 1 de julio de 2022, ADIF anunció la construcción de dos pasos superiores sobre la vía, nivel máximo de protección, en la línea Linares Baeza-Almería por un importe de 2.023.220,9 euros (poco más de 1 millón de € por unidad). Sin embargo, INECO carga a Cuenca un coste de 1,5 millones de € por paso, sin contemplar los niveles de protección de la ley vigente y determinar quién o quiénes son los responsables de instalar o mejorar los sistemas de protección».
Por último, la Plataforma puntualiza que «estas son algunas observaciones sobre el ferrocarril de Cuenca. Hay muchas, sobre las que las administraciones públicas, regidas por los principios de rigor y transparencia, deberían contestar antes de adoptar decisiones lesivas para las personas de Valencia, Madrid, Toledo y Cuenca».
