La ONG In Género atendió en 2022 a 263 personas que ejercen la prostitución y son víctimas de trata. Para continuar con esta labor, la Diputación de Cuenca ha aportado en 2023 11.000 euros a la entidad a través de las ayudas de Cuenca Integra, doblando la cantidad invertida respecto a 2022.
En una reunión entre la diputada de Servicios Sociales, Eva García, y la responsable de In Género en la provincia de Cuenca, Belén Jiménez, se han abordado la problemática de la prostitución en la provincia y las acciones que la ONG está desarrollando en favor de estas personas en situación de vulnerabilidad.
En el informe de 2022, In Género expone su trabajo en una decena de localidades de la provincia, atendiendo a 263 personas (237 mujeres, 4 hombres y 22 mujeres trans) procedentes principalmente de Paraguay, Colombia, República Dominicana, Brasil, Rumanía, Argentina y España.
La media de edad de estas personas se sitúa en unos 35 años y, aproximadamente, un tercio de ellas son recién llegadas al país y se encuentran en situación irregular. Las otras dos terceras partes «llevan mucho tiempo en España ejerciendo la prostitución» en «puntos históricos de prostitución», según ha afirmado Jiménez.
La responsable de la ONG también ha destacado que sigue predominando la prostitución en clubes. Aunque esta tendencia está cambiando en localidades con mayor población, donde cada vez son más frecuentes los pisos. En cualquier caso, Jiménez también ha destacado la «ausencia de personas que ejercen la prostitución en la calle en la provincia».
En cuanto al trabajo de la ONG, García lo ha calificado de «labor excepcional», ya que «llega a un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad», por lo que aboga por «dar mayor visibilidad a su trabajo».
Según los datos del estudio realizado por In Género, más de la mitad de las personas atendidas llegaron a España engañadas pues «su objetivo no era ejercer la prostitución y más de un 88% no lo había hecho hasta no llegar a aquí». Por ello, la diputada ha elogiado el trabajo de estas ONGs y asociaciones que permiten «que las víctimas conozcan los servicios sociales de los que disponen ya que el 63,3% afirma desconocerlos».
