La Ley de Simplificación Administrativa impulsada por el Gobierno regional ha iniciado su tramitación parlamentaria con el objetivo de transformar el funcionamiento de la Administración pública en Castilla-La Mancha, y en especial en provincias como Cuenca, donde buena parte de los municipios carecen de medios materiales y humanos suficientes para asumir determinados trámites administrativos.
La consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha destacado que esta norma supondrá “una revolución en la administración regional, para hacerla más sencilla, ágil y cercana a la ciudadanía”, lo que repercutirá directamente en la vida de vecinos y vecinas de la provincia, especialmente en las zonas rurales.
Uno de los puntos clave de la ley es que permitirá a las entidades locales —como los pequeños ayuntamientos conquenses— apoyarse en Entidades Colaboradoras (ECAs) para la gestión de procedimientos cuando no cuenten con personal suficiente. “Es una herramienta especialmente útil para los pueblos más pequeños, donde muchas veces el volumen de trabajo administrativo supera los recursos disponibles”, ha subrayado Padilla.
Además, la ley introduce medidas que reducen considerablemente los tiempos y la documentación requerida en multitud de trámites. En total, se prevé la simplificación de unos 150 procedimientos, lo que también facilitará la gestión a empresas, agricultores y autónomos de la provincia. En este sentido, Padilla ha puesto como ejemplo el caso de la tramitación de la PAC: el agricultor podrá seguir haciéndola por su cuenta o bien recurrir a una entidad colaboradora, como una oficina bancaria o una cooperativa, para que le ayuden.
Otro aspecto que afectará de forma positiva a Cuenca es la implementación de ‘Espacio Ciudadano’, una nueva plataforma digital que centralizará toda la información administrativa, tanto para particulares como para empresas. “Permitirá evitar desplazamientos innecesarios desde los pueblos a la capital o a las oficinas comarcales, y garantizará una atención más rápida y personalizada”, ha apuntado la portavoz. Además, esta plataforma incluirá un canal específico para empresas y personas emprendedoras, con el fin de apoyar la actividad económica en todo el territorio regional.
La Ley también establece como norma general el silencio administrativo positivo: si la Administración no contesta a una solicitud en el plazo establecido, esta se dará por aprobada. “Es un cambio fundamental que dará más agilidad y seguridad jurídica a ciudadanos y empresas”, ha señalado Padilla.
Asimismo, se regulará el uso de inteligencia artificial en la gestión pública y se reforzará la digitalización de los servicios, “poniendo al ciudadano en el centro de la política pública”.
La consejera también ha aclarado que las ECAs no sustituyen a la Administración ni asumen potestades públicas, sino que cumplen funciones de verificación y asistencia, siempre bajo la supervisión del Gobierno regional.
El anteproyecto de ley ya ha sido revisado por el Consejo Consultivo, cuyos informes se han incorporado para garantizar la seguridad jurídica del texto.
En una provincia como Cuenca, con una amplia dispersión territorial y numerosos municipios de pequeño tamaño, el despliegue de esta ley puede suponer un avance significativo en accesibilidad administrativa, ahorro de tiempo y mejora de la atención pública.
