La senadora de Teruel Existe, Beatriz Martín, ha convocado una rueda de prensa este martes en el Senado para reprochar la actuación del Gobierno en cuanto al aplazamiento de la respuesta a la pregunta que habían planteado demandando concreción y precisión acerca del calendario establecido por el Ministerio de Hacienda y el Gobierno para la aplicación de la Disposición Adicional 123 de los Presupuestos Generales del Estado, relativa a las ayudas al funcionamiento de empresas en zonas despobladas, ubicadas en Soria, Teruel y Cuenca.
La Agrupación de electores registró la pregunta en el Senado el pasado 18 de mayo para que fuese respondida de forma oral por la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en principio estaba incluida en el orden del día de la sesión plenaria de hoy, martes. A última hora de la tarde de ayer, el Gobierno informó del aplazamiento de la citada pregunta “por encontrarse ausente la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”.
Desde Teruel Existe consideran que la ministra de Hacienda es la interlocutora válida para responder a la pregunta, dado que se trataría de bonificaciones con repercusión presupuestaria, que fue ella la que ya se comprometió a finales de 2020 en otra intervención en el Senado con su “rotundamente sí” y que es el Ministerio de Hacienda y Función Pública el responsable último de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, con quien se negociaron, y en consecuencia -también por tratarse de un aspecto sectorial de su clara competencia- el responsable del desarrollo de la disposición adicional 123 de los mismos, aunque lo pueda ser en coordinación con otros Ministerios.
A su vez, denuncian que el Gobierno derive las explicaciones al ministerio de Reto Demográfico, y afirman que ya preguntaron en el Congreso a la ministra Teresa Ribera, “pero no nos ofrece respuestas concretas”. Añaden que el Secretario General para el Reto Demográfico, Francesc Boya, ha realizado declaraciones poniendo en duda que la medida pueda servir de manera efectiva al objetivo de la lucha contra la despoblación. Ante todo lo expuesto, denuncian que “no existe implicación real del Gobierno, siguen sin dar respuestas ni medidas concretas, y no sabemos si no quieren o no se atreven a aplicarlas”.
Los presupuestos, la autorización europea y el Acuerdo de investidura las avalan
Recuerdan que la medida está recogida en los Presupuestos Generales del Estado para este año, del que ya han transcurrido seis meses sin que se hayan aplicado ni desarrollado actuaciones concretas para hacerlas efectivas. También recuerdan que la Unión Europea permitió su aplicación, e inciden en que en Canarias el Gobierno de España sí está aplicando una fiscalidad singular que está aportando resultados positivos.
Además, la senadora de Teruel Existe ha aludido a la firma del Acuerdo de investidura con el Partido socialista, en el que también se recoge la aplicación de medidas fiscales para la reactivación económica y creación de empleo en zonas despobladas. “Teruel Existe cumplió su parte, y esperamos que ahora el Gobierno cumpla, por lo que demandamos que la Ministra de Transición Ecológica y Reto demográfico afronte la respuesta a nuestra pregunta con propuestas sobre la mesa”.
Las provincias más despobladas de Europa
Martín ha aseverado que los ciudadanos de las provincias de Soria, Teruel y Cuenca merecen una explicación por parte del Gobierno acerca de su voluntad o no de aplicarlas. Son provincias consideradas en riesgo extremo de despoblación por la propia Unión Europea, al tener una densidad de población de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, una circunstancia de gravedad, que justifica el permiso para su aplicación. Ha defendido que estas provincias “necesitan la implantación de esta medida con urgencia”.
Teruel Existe destaca que las ayudas al funcionamiento de empresas en zonas despobladas es la medida más efectiva para la generación de empleo, que a su vez permite atraer población con el objetivo final de frenar la tendencia demográfica negativa de las provincias más despobladas de la Unión Europea. Defienden también que la medida puede aplicarse a las comarcas colindantes a estas provincias que cumplen los requisitos establecidos por la Unión Europea. Detallan que se trata de un máximo del 20% de los costes laborales de las empresas, que pueden aplicarse de diversas formas, entre ellas una bonificación del importe equivalente en las cuotas de la Seguridad Social.
