Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado el recurso contencioso adminsitrativo presentado por el Grupo Popular de la Diputación de Cuenca contra la aprobación del Presupuesto de 2023. El Tribunal declara la nulidad del acuerdo al considerar vulnerado el derecho fundamental de participación política de los populares, que iniciaron las acciones legales porque no se aceptaron para su deliberación y votación tres de las cinco enmiendas que presentaron.
Según se indica en la sentencia, «las enmiendas, en este caso, forman parte del trámite ordinario del presupuesto, se presentaron en tiempo y por escrito, versaban sobre un asunto incluido en el Orden del día, y no resultaba exigible su sometimiento previo a Intervención ni a Comisión informativa. En consecuencia, no cabía rechazar su debate, por lo que se ha vulnerado el derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española».
Los hechos fundamentados ocurrieron el pasado 30 de noviembre de 2022, cuando la Diputación de Cuenca celebró el pleno ordinario para aprobar los Presupuestos Generales de 2023, donde los populares presentaron cinco enmiendas al proyecto, de las que tres no se aceptan para su deliberación y votación. Posteriormente, el Grupo Popular presentó alegaciones a la aprobación inicial del presupuesto y que fueron desestimadas en el pleno del día 5 de enero de 2023.
Según ha recordado en rueda de prensa la presidenta de los populares en la institución provincial, Clara Plaza, «esas tres enmiendas que se rechazaron trataban sobre asuntos de interés general: incrementar la partida de ayudas energéticas destinadas a los Ayuntamientos de la provincia; más inversiones productivas y la renovación de la red de agua».
La Diputación alegó que la demandante aceptó la retirada de las enmiendas 3, 4 y 5 presentadas a la aprobación inicial del Presupuesto, por lo que entiende que la actora «no cuestionó la decisión del presidente de la institución». Sin embargo, según la sentencia «no cabe apreciar que la decisión de retirar las enmiendas fuera a instancia de la parte actora o consensuada, sino fue una decisión del presidente de la Diputación, no siendo concluyente a estos efectos que no se hiciese constar en dicho momento la protesta».
Tenemos todo el derecho a presentar nuestras enmiendas a los presupuestos. Chana vulneró un derecho fundamental, recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española”, ha reiterado la presidenta. “El Grupo Popular va a continuar defendiendo los intereses de la provincia, vamos a seguir llevando enmiendas a los presupuestos, mociones a los plenos con temas provinciales, regionales o nacionales porque las políticas regionales y nacionales del sanchismo también nos afectan, como conquenses y como españoles”, apuntaba Clara Plaza.
Según apostilla el portavoz del grupo popular en la institución provincial, Cayetano Solana, esta sentencia conlleva a la anulación de la aprobación de los Presupuestos Generales de 2023. Sin embargo, ha asegurado que «una vez ya ejecutados esos proyectos, el fallo no tienen una implicación directa». «Pero sí ratifica el comportamiento y la forma de actuar de gobernantes como Martínez Chana», asegura Solana.
El portavoz defiende los derechos que tiene el grupo político y señala que «nuestra misión no consiste en vivir de los juzgados, pero tampoco podemos mirar a otro lado». Asegura asimismo que «el presidente de la Diputación cree que los populares quieren paralizar las inversiones, cuando en realidad quien está cercenando los intereses de la provincia son sus políticas».
