El PSOE en la Diputación acusa al PP de difamar sobre la legalidad de los procesos selectivos

Los socialistas defienden que las oposiciones garantizan el mérito y la capacidad, y critican que las denuncias públicas del PP no se trasladen a los tribunales

El Grupo Socialista en la Diputación de Cuenca ha denunciado la estrategia adoptada por el Partido Popular, al que acusan de «difamar» sobre la legalidad de los procesos selectivos en los que participan personas vinculadas al PSOE. Desde la formación socialista defienden que las oposiciones están abiertas y que los tribunales evaluadores están compuestos por funcionarios, por lo que rechazan cualquier sospecha sobre su imparcialidad.

Para los socialistas, las declaraciones del PP buscan un daño personal y van «más allá de la mera crítica política», ya que, señalan, estas acusaciones no van acompañadas de una denuncia formal en los juzgados. En este sentido, el PSOE considera que la portavoz popular, Clara Plaza, tiene como único objetivo «enfangar el debate público y desprestigiar a personas que tienen el mismo derecho que cualquier otra a optar a una plaza en el sector público».

Los socialistas también han recordado que alcaldes y concejales de todas las formaciones políticas se presentan a ofertas de empleo público, especialmente en municipios pequeños donde la labor de primer edil no suele estar remunerada.

En relación con las críticas del PP al alcalde de Almodóvar del Pinar, desde la Diputación han defendido su idoneidad para el puesto, argumentando que cuenta con formación y experiencia como trabajador social desde 2006. Además, aseguran que la atribución de funciones que se le ha otorgado es una medida temporal ante una necesidad sobrevenida, una práctica que ya se ha llevado a cabo en otras ocasiones con otros profesionales del centro.

El PSOE subraya que este técnico provincial superó el proceso de estabilización conforme a la legalidad, con dos pruebas teóricas y un concurso de méritos, según establecían las bases de la convocatoria.

Por último, el Grupo Socialista ha reprochado la actitud del PP, ya que considera que esta estrategia fomenta la desafección y el descrédito hacia las instituciones. «El único beneficiado de esta forma de actuar es la ultraderecha», advierten, instando a los partidos constitucionalistas a centrarse en mejorar la vida de la ciudadanía en lugar de alimentar el desprestigio institucional.