La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real ha realizado la Operación Timallus con la finalidad de esclarecer los diferentes ilícitos cometidos por un grupo criminal, entre los que se encuentran un supuesto fraude de subvenciones procedentes de la Unión Europea, más concretamente de la Política Agraria Común (PAC).
La investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana tras obtener información en la que se exponía la existencia de agricultores que estaban cobrando la ayuda de la PAC de forma fraudulenta, por lo que se inició una investigación para poder esclarecer tanto la veracidad como la autoría de estos hechos, dando las primeras gestiones un resultado positivo por lo que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Europea.
Desarrollo de la operación
Tras las primeras diligencias de investigación se pudo identificar a una persona y una empresa que había solicitado ayudas directas PAC en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, presentando anomalías e irregularidades, así como un crecimiento desorbitado y un aumento de hectáreas, recintos, subvención solicitadas, pasando de percibir en 2018 una cuantía de 2.000 euros aproximadamente a más de 40.000 en 2020.
Al continuar con la investigación se pudo constatar que la primera persona identificada junto con otra más eran propietarios de otras empresas con las que se realizaban compras de derechos de pago y búsqueda de parcelas no declaradas por falta de actividad real u otros motivos.
Se pudo verificar que se trataba de una organización criminal estructurada con un reparto claro de las funciones a realizar, esta estaba formada por al menos tres personas y cinco empresas que operaban en diversas provincias de la geografía española, entre las que se encuentran Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Murcia y Madrid. Dos de estas empresas se encargaban de comprar derechos de pago para después cotejarlos con parcelas no declaradas por nadie en varias campañas de la PAC, datos obtenidos por alguien con acceso a bases de datos oficiales; otras dos empresas se utilizaban exclusivamente para pedir ayudas de la PAC, así como facilitar facturas falsas a terceras personas para anexarlas a las peticiones de subvención y la última se publicitaba en internet con el objeto de localizar parcelas en todo el territorio nacional con las que llevar a cabo este fraude.
Por otra parte se concluyó que este entramado criminal además de percibir dinero de titularidad pública de forma directa, siendo solicitado por sus empresas, de manera externa estaría recibiendo dinero público mediante la firma de contratos mercantiles para la activación de los derechos de pago con terceras personas.
De la acción directa de estas empresas se estima que inicialmente se ha defraudado 212.000 euros de dinero público en subvenciones de la Unión Europea, llegando a los 500.000 euros con los beneficios obtenidos y el fraude realizado de manera indirecta.
Explotación de la operación
Esta primera fase de la investigación ha concluido con la detención de tres personas a las que se les atribuyen los delitos de fraude a la Hacienda de la Unión Europea, organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capital; así como dos entradas y registros llevadas a cabo en Murcia, donde tenían su sede social las empresas implicadas, en las que se han intervenido 13.050 euros en efectivo, documentación y dispositivos informáticos. Además han sido intervenidas nueve cuentas bancarias por importes cercanos al millón de euros, fincas y propiedades, así como vehículos y tractores.
