Cuenca se une para demandar las ayudas al funcionamiento de empresas en zonas despobladas antes de fin de año

La Confederación de Empresarios de Cuenca ha recibido el apoyo de la sociedad provincial con el fin de pedir al Gobierno de España que se hagan efectivas a todas las categorías de empresas recogidas en las Directrices de la Comisión Europea de abril de 2021

La Confederación de Empresarios de Cuenca ha impulsado la firma de un manifiesto por parte de todos los representantes institucionales y sociales de la provincia de Cuenca con el fin de pedir al Gobierno de España la puesta en marcha de manera urgente de las ayudas de funcionamiento para las empresas de la provincia.

En línea con lo que ya hicieron las organizaciones de Soria y Teruel, se ha hecho un llamamiento para firmar este texto en el que se pide de forma unánime, por parte de sectores muy distintos de la sociedad conquense, la puesta en marcha de estas ayudas antes del 31 de diciembre, fecha en que acaba la vigencia de los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, se pide que estas ayudas se hagan efectivas para todas las categorías de empresas recogidas en las directrices europeas de finalidad regional de la Comisión europea de abril de 2021 y de la manera más beneficiosa para el conjunto del tejido empresarial de las tres provincias con el fin de que sirvan para garantizar la actividad económica en estas zonas, así como par a estimular inversiones adicionales y contribuir al desarrollo regional y a la cohesión territorial.

En la firma de este manifiesto convocada por CEOE CEPYME Cuenca en su sede se han sumado las distintas organizaciones sectoriales y comarcales de la Confederación de Empresarios de Cuenca, además de administraciones como el Gobierno Regional, Diputación Provincial y alcaldes de distintos municipios, así como representantes de grupos políticos, diputados regionales y nacionales, senadores, sindicato UGT, Universidad de Castilla-La Mancha, UNED, Globalcaja, Cáritas, Cruz Roja, ASAJA, colegios profesionales, Unión Democrática de Pensionistas, Grupos de Acción Local, Asociación de la Prensa de Cuenca, Grupos Leader de la provincia y Asociación de Clubes Deportivos de Cuenca.

Además, este manifiesto queda abierto para su firma por cuantas administraciones y organizaciones e incluso particulares lo consideren oportuno para hacer un llamamiento al Gobierno de España para la puesta en marcha de estas ayudas.

Cronología

La petición de esta medida, que pueden suponer hasta el 20% de las cotizaciones sociales, surge en febrero de 2019 al conocer la SSPA un informe del tribunal de defensa de la competencia de Aragón sobre las posibilidades de la Unión Europea de otorgar ayudas de Estado para contrarrestar la despoblación, poniendo el foco en las ayudas regionales de funcionamiento para que los beneficiarios mantengan su actividad económica en estas zonas.

Posteriormente, en septiembre de 2020 culmina el trabajo conjunto de los Gobierno de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León y las Confederaciones de Cuenca, Soria y Teruel con la presentación de alegaciones a la consulta pública de las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional.

Pues bien, el 19 de abril de 2021, estas peticiones fueron tomadas en consideración por la Unión Europea para un período de 2022-2027, publicándolo diez días más tarde en el Diario Oficial de la Unión Europea, incluyendo a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel como provincias susceptibles de contar con estas ayudas par apaliar los sobrecostes de la despoblación en su tejido productivo y a su vez incentivar la inversión en estas zonas con una densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Con este paso se le da potestad a los Gobiernos Nacionales a tomar este tipo de medida, pues considera que no alteran la competencia y en octubre de 2021 el Gobierno de España recoge el guante y dice que “dentro del marco establecido a nivel europeo para las ayudas estatales de finalidad regional, el gobierno establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de las de ayuda existentes para la zonas con una densidad de población muy baja, en concreto aquellas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, así como velará por el desarrollo de planes de acción concretos que permiten contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas”.

Pues bien, ante todos estos pasos, pero sin la transformación de los mismos en medidas concretas, la Confederación de Empresarios de Cuenca ha decidido, conjuntamente con las organizaciones de Soria y Teruel, promover la firma de este manifiesto y no descarta llevar a cabo más acciones hasta conseguir los objetivos marcados.

Valoración

El presidente de CEOE CEPYME cuenca, David Peña, que intervino acompañado del tesorero y presidente de la Comisión de Lucha contra la Despoblación de la organización, Ignacio Villar, y del secretario general, Ángel Mayordomo, ha agradecido a todos los firmantes su implicación.

En concreto ha indicado que “estar hoy aquí demuestra que tenemos una provincia unida, que quiere luchar contra un problema grave y que merece por fin soluciones después de muchos años sufriendo los problemas de despoblación, pero sin recibir ninguna compensación al respecto para revertir esta dinámica. Por cierto, me gustaría destacar que este manifiesto es abierto y por tanto invitamos a firma a todos los colectivos representativos de distintos ámbitos de la sociedad conquense que no hayan podido hacerlo hasta el momento”.

Ha recordado que “lo que pedimos con este manifiesto es que el Gobierno ponga en marcha de manera urgente y lo haga antes del 31 de diciembre de este año, pues es la fecha en la que termina la vigencia de los actuales Presupuestos Generales del Estado. Del mismo modo solicitamos que estas ayudas se hagan efectivas en todas las categorías recogidas en las Directrices sobre Ayudas estatales de finalidad regional de la Comisión Europea de Abril de 2021 y de la manera más beneficiosa para el conjunto de las tres provincias”.

De la misma manera, Peña quiso destacar que se trata de unas directrices de ayudas, no de una fiscalidad diferenciada, pudiendo equivaler esta medida hasta el 20% de las cotizaciones sociales de las empresas.