Asaja Cuenca ha calificado de «insuficiente» el decreto que regula gestión de estiércoles de explotaciones porcinas en Castilla-La Mancha. Se ha publicado este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se va a aplicar desde el día siguiente de su publicación y antes de que acabe la moratoria del sector, fechada para el próximo 31 de diciembre.
La organización agraria ha lamentado que ponga fin a dos años de moratoria que limitaba la instalación y ampliación de granjas porcinas en la región. Además ha criticado que la normativa no sea «más flexible» con algunas explotaciones que actualmente están funcionando y considera que la Consejería de Desarrollo Sostenible «podría haberlas tenido más en cuenta» en este decreto.
Requisitos y prohibiciones
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado que el decreto estimulará la transformación del sector «imponiendo estrictos requisitos», entre los que se incluye un régimen de distancias con la finalidad de minimizar la posible afección a las aguas y a la atmósfera, posibles molestias por olores, así como la incorporación de sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento y valorización de purines. Así, se establece que los sistemas de almacenamiento y estercoleros de nuevas explotaciones no podrían situarse a una distancia inferior a 2.000 metros del suelo urbano o urbanizable residencial.
Se recoge la prohibición de la aplicación directa de purines para la valorización agronómica de los mismos sin un tratamiento previo, debiendo someterse a alguna de las técnicas establecidas en el decreto, como la digestión anaerobia para obtención de biogás y posteriormente biometano. También se prohíbe la entrada de purines para su valorización a los generados fuera de Castilla-La Mancha. Y se exige al sector industrial que las explotaciones porcinas de alta capacidad estén integradas con la industria.
Gómez ha señalado que se busca adecuar la valorización agronómica de purines mediante la utilización de nuevas tecnologías que mejoren las características de este subproducto y favorecer un mayor nivel de protección del medio ambiente.
Ha añadido que aportará mayor seguridad jurídica a los operadores, ya que se establece una serie de obligaciones exigibles a los productores de purines y a las explotaciones ganaderas que realicen la autogestión de los mismos. Es decir, el decreto recoge una serie de actuaciones prohibidas y admite distintas modalidades de gestión.
Grupo de Expertos
Se creará un Grupo de Expertos regional en tratamiento de purines, que estará formado por personas cualificadas de las universidades de Castilla-La Mancha, de las consejerías con competencias en agricultura, ganadería y medioambiente, representantes de grupos conservacionistas y también del sector para evaluar las nuevas técnicas de tratamiento de purines que puedan ser autorizadas.
Asaja Cuenca también ha realizado un intenso trabajo con la Consejería para modificar y eliminar aspectos del borrador inicial del decreto que «ponían en grave peligro» la viabilidad de las explotaciones porcinas familiares. Y ha valorado positivamente la mejora conseguida para ciertas explotaciones que funcionan y quieren aumentar el número de plazas.
En este sentido, el secretario general de ASAJA Cuenca, Manuel Torrero, ha señalado que una explotación que hoy tenga 2.000 plazas (240 UGM, Unidad de Ganado Mayor) no tendrá que incorporar ningún sistema adicional de gestión de purines y podrá seguir valorizando el purín como fertilizante orgánico. El límite de la Junta era 120 UGM.
Tabla de equivalencias UGM 2025
La UGM es una unidad de medida que permite comparar las diferentes categorías de ganado en función del tipo de animal y de su edad o tamaño, que sirve a su vez para establecer la capacidad máxima de una explotación.
Concentración de protesta
Por otro lado, Stop Ganadería Industrial C-LM, que agrupa a más de 30 movimientos vecinales de la región, ha convocado para el próximo jueves 2 de enero a las 12:00 horas una concentración de protesta ante la Presidencia de la Junta, «por la reactivación de las licencias a macrogranjas y la proliferación de plantas de biogás-biometano». Proyectan 60 en la provincia de Cuenca:
Temen que se favorezca la proliferación de estas explotaciones industriales. Según apuntan, «lejos de crear tejido económico en el territorio o fijar población los efectos de la producción industrial de carne amenaza la calidad de vida de los pueblos: malos olores, problemas de salud pública, contaminación de agua, suelos con excesos de nitratos». Para estos colectivos es innegable que las plantas de biogás en la región provocarán un efecto llamada para la instalación de más macrogranjas, además de las molestias que provocarán para la población.
