Los colegios de Abogados y Procuradores de los Tribunales de Cuenca han emitido un comunicado en el que exigen una «pronta solución» a la suceción de huelgas en la administración de Justicia. Según señalan, «la Procura y la Abogacía comprenden las razones de las recientes manifestaciones del ejercicio del derecho de huelga que se han venido produciendo en el ámbito de la administración de Justicia, y pese a resultar directamente afectados junto a sus clientes, las han apoydo estoicamente a pesar de estar saliendo de una situación excepcional como consecuencia de la pandemia, que generó retrasos de los que todavía no nos habíamos recuperado».
«Pero tanto la procura como la abogacía conquense están alcanzando una situación límite que está alcanzando a gran número de despachos», indican en su comunicado, en el que resaltan que «este grave escenario producido por la sucesión de huelgas de los funcionarios públicos de distintos cuerpos y escalas, que han focalizado el éxito del logro de sus justas reivindicaciones en función del número de actuaciones judiciales que son capaces de suspender, afecta de forma muy directa al ejercicio del derecho a la tutela judicial de los ciudadanos y del derecho de los profesionales a ejercer su actividad profesional de forma digna».
Por ello exigen «que se dé respuesta a las justas reivindicaciones planteadas» y hacen un «llamamiento a la responsabilidad de todas las partes a fin de que se alcance una solución definitiva a los problemas suscitados, para que prevalezca el interés general, recuperando la normalidad de la actividad judicial y evitando causar mayores perjuidicos a profgesionales y ciudadanía».
En este sentido, apuntan a un «panorama desolador» que «cada día deben enfrentar la gran mayoría de los despachos de procuradores y abogados de esta provincia que hace que no podamos resignarnos y reclamemos, también, respeto y un trato digno para el ejercicio de nuestra profesión».
Por último, indican que esperan «que se acometan las reformas necesarias ya que esta ‘Administración de Justicia’ no parece pertenecer a un Estado Social y Democrático de derecho».
