La Asociación Ecologistas en Acción ha exigido el cierre del vertedero de Almonacid del Marquesado, cuyo titular es Reciclados del Marquesado, perteneciente al grupo Griño Ecologic con sede en Lérida.
Después de conocer que la Guardia Civil desarticuló a una organización delictiva por tráfico ilícito de residuos urbanos procedentes de Italia y que uno de los vertederos mencionados como destino es el ubicado en este municipio, la Asociación ha recordado que un año antes de que comenzara a operar en 2019 ya había iniciado el seguimiento de sus actividades, «dada la amplia dimensión del proyecto en un entorno despoblado y sin industria». También ha sacado a colación las informaciones periodísticas de 2023 que «vinculaban a Griñó con el tráfico de residuos de terceros países», lo cual les llevó a interponer una denuncia. Ahora, y tras constatar que parte de estos residuos podrían ser «peligrosos», ha solicitado el «cese inmediato de actividad de la instalación por el riesgo que conlleva para las personas y el medio ambiente».
Ecologistas atribuye la causa a «la diferencia de tasas que hay entre países», ya que en Italia el vertido de una tonelada de residuos peligrosos puede estar grabado por una tasa de 400 euros. Recuerda que en España la Ley 7/2022 instauró un impuesto de vertido de residuos a nivel estatal de 30 euros por tonelada y en Castilla-La Mancha no hay ningún tributo adicional.
Entre sus denuncias figura el «incumplimiento de la autorización ambiental integrada (AAI) y vertido de residuos no autorizados que han llevado a sanciones, el funcionamiento sin la planta de tratamiento durante más de dos años, la falta de esclarecimiento de las causas del incendio en 2021, y los cinco detenidos de la planta por contrabando de tabaco».
El año pasado interpusieron una queja ante el Consejo Regional de Transparencia (CRT) que fue admitida, pero todavía no han terminado los trámites legales. El portavoz Carlos Villeta ha asegurado que «el macrovertedero funciona desde el inicio con numerosas irregularidades y ahora la preocupación se ha transformado en desasosiego». Ha pedido que se garantice que no existe riesgo de contaminación en suelo, agua y aire, y ha anunciado que están estudiando personarse en el procedimiento penal abierto en el juzgado de Tarragona «para que se depuren responsabilidades, tanto de los actores materiales de los presuntos delitos como de los responsables políticos que han actuado de forma negligente».
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