Jesús Alberto Torrijos. Plataforma Cívica por Cuenca
Hace unas semanas se difundía la noticia del abandono definitivo de la implantación del del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares de alta actividad (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca). Detrás de este cierre hay un culebrón que viene a nacer allá por el 2004. La comprensión de ese culebrón necesita contestación a preguntas que irían dirigidas a cada uno de los actores que han intervenido en él: gobiernos de distinto signo que ha habido en España y en sus Comunidades Autónomas, autoridades municipales y al mismo sistema judicial.
Con una difícil economía de palabras contamos lo que entendemos esencial en esta larga historia. Allá por el 2004 en el Congreso de la nación se empieza a hablar de la conveniencia de la unificación en un depósito único de los residuos nucleares de alta actividad que generaban las centrales nucleares que quedaban vivas en España; esa unificación era lo que se hacía frecuentemente en países de su entorno, debido a la concentración de la seguridad que ello supone y por favorecer la implantación de un laboratorio experimental para la investigación nuclear. En el 2006, el Gobierno de la nación de entonces (el socialista de ZP) aprueba el Plan General de residuos que contemplaba ese almacén temporal centralizado (ATC). El 20 de noviembre de 2011 el PP gana las elecciones generales y a finales de diciembre el Consejo de Ministros decide, entre 10 candidatas, instalar el ATC en Villar de Cañas; comienzan las obras del ATC y comienzan las zancadillas en el territorio conquense por parte del gobierno socialista de la JJCC Castilla-La Mancha. Esas zancadillas, reincidentes y conocidas, han venido siendo de dos tipos: técnicas (argüir o apoyarse en informes técnicos de cuestionable origen y objetividad científica) y jurídicas (como es el caso de sacarse de la manga figuras de protección ambiental en su comunidad para obstruir planes estatales); la zancadilla jurídica utilizada en este caso fue la descarada ampliación de la zona especial de protección de aves lacustres de la Laguna del Hito, de 1000 a 24.000 hectáreas de secarrales cerealistas, en su mayor parte, hasta llegar justo a la inclusión de la zona donde se estaba construyendo el ATC. La decisión fue recurrida por el Gobierno de España, entonces del PP, y el litigio terminó en el Tribunal Supremo que sentenció después de 4 años, en el 2020, con argumentos que muchos conocíamos por su obviedad: que lo que realmente perseguía la JJCC era una finalidad subrepticia de obstrucción del ejercicio de la competencia estatal y falta de soporte científico y técnico en los argumentos de la JJCC de Castilla-La Mancha. Pero esa sentencia ya no tendría efecto alguno ya que en junio del 2018, dos años antes, tras prosperar aquella moción de censura contra Rajoy, había un nuevo gobierno mixto socialista en su mayor parte, que muy pronto, en julio de 2018, paraliza el proyecto de la ATC en Villar de Cañas para en el 2020 descartarlo definitivamente (sin renunciar a construir otra ATC en otro lugar) y, por otra parte, contemplando la posibilidad de almacenar los residuos individualmente en las mismas centrales nucleares, cosa esta última por la que termina optando en noviembre del 2022. Muchas preguntas surgen de esta historia: ¿por qué se eligió, en su momento, a Villar de Cañas para albergar el ATC?, ¿por qué el sistema judicial español tarda 4 años en resolver algo que por su obviedad es de sentencia inmediata en cada una de sus fases?, ¿qué significa para la vicepresidenta Teresa Ribera eso de que existe convergencia masiva en la preferencia de almacenes individualizados o que las cuestiones relativas al almacenamiento de residuos radiactivos deben contar con una «complicidad y compromiso muy fuerte por parte de todas las administraciones afectadas y todos los vecinos afectados»? ¿Los municipios son parte de ese compromiso? ¿Qué dicen los municipios de la zona en la que se iba a albergar la ATC? Muchas preguntas se pueden hacer, pero las preguntas cuya respuesta es más difícil de imaginar son dos. La primera va dirigida al actual gobierno de la nación y la segunda al actual gobierno de la JJCC Castilla-La Mancha.
La primera, dirigida al Gobierno de la nación, es la siguiente: ¿qué razones tienen para optar por la solución del almacenamiento individualizado de los residuos nucleares, toda vez que en su nuevo Plan General de Residuos Radiactivos, esta opción es 2.000 millones de euros más cara que la de un almacén centralizado, sobre el que ya ha habría habido un gasto, pequeño en términos relativos pero no desdeñable, de unos 90 millones de euros en Villar de Cañas?
La segunda pregunta, sencilla pero con respuesta difícilmente imaginable, va dirigida al Gobierno de la JJCC Castilla-La Mancha: ¿por qué se han opuesto, desde un principio y con saña irracional, a una inversión de unos 900 millones de euros por parte del Estado en el territorio de su comunidad, tan necesitado de inversiones reales para aproximarse al ideal del equilibrio territorial deseado en la Unión Europea?
A estas preguntas puede encontrarse una explicación plausible en la historia de la relación del socialismo con respecto a la energía nuclear (también lo es de la izquierda, en general, y del ecologismo que se puede incluir en ella). El punto de partida de esta historia data de principios de los años 70, década de gran actividad política ante la presumible muerte del dictador y posible cambio del sistema político en España. En aquellos momentos aparece el «ecologismo político», llamado político en contraste con un ecologismo más terrenal, al que se denominó «ecologismo ambiental», formado por asociaciones «de hecho» en distintos puntos de España que buscaban soluciones concretas a problemas específicos en su territorio. Distinto al anterior, el ecologismo político estaba formado por grupos humanos, de carácter urbano, con un relato de preocupación extrema por la naturaleza sin haber tenido, en general, relación directa con ella. Sus miembros, con alguna excepción, pertenecían, al tiempo, a partidos políticos de izquierda que todavía no eran oficiales (Partido Comunista, Partido Socialista Popular, al PSOE, quizás el de mayor presencia). Estos grupos del ecologismo político eran, teóricamente, amantes de lo verde y, al tiempo, «anti» muchas cosas: anti-embalses, anti-autopistas,… anti-OTAN y, cómo no, antinucleares. El grupo más importante fue la Asociación Española para la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (AEORMA) que luego pasó a denominarse AEPDEN y es llamativo que tuvieran delegaciones territoriales en cada región española. Con estos antecedentes fue esperable que el PSOE en su programa político borrase la energía nuclear como fuente de energía para España y una vez que ganó las elecciones en el 1982 cumpliese ese punto de su programa. Ello supuso el abandono de las centrales en construcción, algunas iniciadas en época de Franco, y al tiempo unas pérdidas económicas, desde aquellos tiempos hasta hoy, de muchos miles de millones de euros si esas centrales hubiesen existido (no son solo los 6.000 millones de euros que hemos pagado por la moratoria nuclear indemnizando a los constructores de esas centrales; es mucho más, varias veces esa cantidad). Posteriormente, en el 2007, de nuevo en el Gobierno los socialistas de ZP, en su amor por «el verde» promueven la implantación de las renovables financiándolas de forma tal que permitan competir en nivel de igualdad con el resto de tecnologías del mercado ofreciendo una rentabilidad razonable lo que generó un desembolso de otro puñado de miles de millones de euros de dinero público, sobre todo para cubrir la energía producida por los paneles solares que, en aquellos momentos, no podían competir con la producida en las centrales térmicas, nucleares o hidroeléctrica (salía de seis a diez veces más cara). Y siguiendo con las paranoias progresistas del socialismo y, en general, de la izquierda, llegamos hasta el 2021 en los que en el artículo 8 de la Ley del Cambio Climático de Transición Energética de la Vicepresidenta Teresa Ribera, con redacción tajante e, incluso, moralista, se dice que no se concederán autorizaciones para la explotación de hidrocarburos en el territorio nacional ni permisos para la investigación donde los pudiera haber; es decir que si existiese y se encontrase una bolsa de hidrocarburos en territorio nacional, no puede ser explotada, ni investigada, quedando condenados los españoles a comprar combustible al país que nos lo venda y al precio de mercado que haya en cada momento y esto hasta que se consiga esa descarbonización de la economía, allá por el 2050 (si se consigue).
Contemplando esta historia particular, se puede decir que esas actuaciones de los actuales gobiernos socialistas, autonómico y de la nación, son coherentes con su línea. Pero solo coherentes; lo que no se puede decir es que sean racionales. Son conductas paranoicas e irracionales. Tan irracionales como es el miedo inserto en el genoma humano; miedo que ha sido muy eficaz para ejecutar el poder desde tiempos ancestrales, en la propaganda que ha tenido todo lo «antinuclear» y hoy lo es en la propaganda sobre el «cambio climático».
