Gobierna con astucia García-Page, cuando engaña proclamando “vamos a pelear a muerte por evitar el cierre del tren” y luego firma el Protocolo para la destrucción de la línea férrea Madrid-Cuenca-Valencia. El presidente del gobierno regional, hábil en artificios, finge interés por la provincia castellanomanchega más desfavorecida, pero los hechos le desmienten: Cuenca es una de las pocas provincias que lleva once años seguidos perdiendo población. Después de cuarenta años de abandono del gobierno regional, en la ciudadanía conquense existe el sentimiento de que “no está en buenas manos”. Empieza a cundir la creencia de que a la Junta de Castilla-La Mancha le interesa que haya despoblación en la provincia. Lo más desolador de este relato, es que cuando se examina cómo se reparten los presupuestos regionales y los europeos de recuperación y resiliencia (Next-Generation), hay razones para pensar que la Junta discrimina a Cuenca para que aporte la despoblación y el atraso necesarios, para mejorar la financiación europea de Castilla-La Mancha.
Si se analiza desde esta perspectiva, “el proyecto integral de movilidad de la provincia de Cuenca” resulta más comprensible. Ese “Protocolo de actuación” es un ejemplo de ejercicio del poder mediante engaño, acordado por el Ministerio de Transportes, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca el año 2022. Solo lo firma un alcalde, de los más de veinte municipios por los que discurre la línea. Habla de servicios ferroviarios deficitarios y bajos niveles de utilización, con datos del año 2019, cuando en doce años más de 302.488 personas han dejado de viajar en tren, debido a que ADIF ha degradado la infraestructura, mediante la corrupción del servicio público. Llama al cierre de la línea 03-310 Aranjuez-Valencia, “adecuación de la línea ferroviaria para otros usos”. Da por sentado que su propuesta de movilidad es “la solución que mejor responderá a las necesidades de los ciudadanos que residen en la provincia de Cuenca”, sin haber consultado con la ciudadanía y contando solo con el alcalde de la capital provincial.
Lo que se presenta como “proyecto integral de movilidad” consiste, en esencia, en promover el transporte por carretera en la provincia, financiado por ADIF durante tres años con treinta millones de euros, a cambio de destruir para siempre la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, valorada en más de mil millones de euros. Descarta la que los alcaldes consideran la mejor opción, para la comunicación integral de la provincia: contar con un sistema de transporte por carretera de calidad, combinado con la modernización de la línea de ferrocarril. Un análisis apresurado del “proyecto integral de movilidad, desarrollo territorial y transformación urbana para la provincia de Cuenca”, concluiría diciendo que se trata de un disparate, sin paliativos. Pero profundizando se observa, que lo que consigue el ejecutivo de García-Page, cuando firma el “proyecto de movilidad y desarrollo” es, paradójicamente, asegurar que progresa el atraso en Cuenca. El proyecto para la destrucción del ferrocarril mutila el porvenir de una comunicación integral para la provincia y la deja sin futuro, para garantizar años de abundante financiación europea en Castilla-La Mancha.
Contra esta irracional estrategia liderada por la comunidad autónoma y ADIF, un grupo de activistas llevan ocho meses realizando plantes los martes. Esta acción simbólica de protesta (interrumpida en semana Santa), pretende denunciar la astucia del plan para desmantelar el ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia con el que la Junta de Castilla-La Mancha colabora de manera entusiasta. Un sinsentido político que con el pretexto de vertebrar la comunicación de los pueblos arrasa con el ferrocarril y el futuro de la provincia.
