Fernando Casas
El próximo martes, 25 de octubre, trasladaremos nuestro plante semanal a la Estación de Cuenca, a partir de las seis de la tarde (18.00. horas), para protestar contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y animar a Page a que exija la modernización de la línea Madrid-Cuenca-Valencia.Pretendemos que el PSOE abandone su plan político contra el tren, basado en las interpretaciones fraudulentas de Adif, de que la línea es obsoleta, lenta, infrautilizada y deficitaria, y se atreva a defender el futuro de la provincia de Cuenca.
La ciudadanía tiene claro, que las deficiencias que existen en el tren regional, fueron ocasionadas por la catastrófica gestión de Adif. Un ente público que decidió no invertir los recursos existentes, ni realizar las labores mínimas de mantenimiento, durante treinta años.Adif consiguió con su programada incompetencia el deterioro de la línea. Por esta razón, nunca debemos dar por válidas las deficiencias de la línea, como argumento para cerrar el tren. Las deficiencias son la muestra de la negligencia de Adif y las graves infracciones cometidas.La gestión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, la describe el Tribunal de Cuentas Europeo, cuando examina cómo invierte en las líneas de ferrocarril los fondos europeos, asignados al Estado. En el Informe sobre la Red ferroviaria europea, señala el Tribunal que a Adif no le preocupa la rentabilidad de las inversiones, sencillamente porque no recurre al análisis coste-beneficio, para adoptar una decisión rentable.Según el Tribunal Europeo, la decisión de construir líneas en España se basa en consideraciones políticas, al margen de su rentabilidad. De acuerdo con esta argumentación del Tribunal Europeo, es falso el discurso con el que justifican el cierre de la línea los responsables del gobierno del Estado, de la Junta, de la Diputación y del Ayuntamiento. Porque a Adif no le importa la rentabilidad, sino que construye y cierra líneas en base a criterios estrictamente políticos.
Lo más grave de la gestión de Adif es que incurre en gastos excesivos, al margen del presupuesto previsto. El Tribunal de Cuentas Europeo hace hincapié en que los sobrecostes, en las inversiones de alta velocidad, son la norma y los retrasos en los proyectos habituales. La cuantía de los sobrecostes está en torno a los 4 millones de euros, por cada kilómetro. Esto significa, dicho de otra forma, que con los sobrecostes de 100 kilómetros de alta velocidad (400 millones), habría presupuesto para modernizar la línea Madrid-Cuenca-Valencia y nos sobraría más de la mitad. Ante el despilfarro de Adif, no nos debe extrañar que el Tribunal de Cuentas Europeo recomiende al Estado español que se dedique a modernizar las líneas convencionales existentes, porque podrían generar un ahorro importante de recursos.
Pues bien, a la vista del informe del Tribunal de Cuentas Europeo, resulta difícil de entender que los gobiernos del PSOE sigan los dictados de una empresa pública, tan ineficiente como Adif, cuando promueve el cierre de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia. Considerando la inaceptable administración de la entidad, la pregunta obligada es ¿deben los gobiernos justificar la gestión de Adif, mediante el cierre de la línea y la exclusión de la ciudadanía de Cuenca de un bien público, como el viaje gratis en el tren durante el año 2023?Estoy casi seguro de que si las instituciones de Castilla-La Mancha actuaran honestamente y en interés de la ciudadanía, se modernizaría el tren y aumentaría la demanda. Es lo que se hizo, por razones políticas, en dos líneas de “baja demanda” y de vía única: la de Montcada-Puigcerdà y Lleida-la Pobla. Hoy estas dos líneas están completamente modernizadas tienen nuevos trenes y la demanda no cesa de subir. Existiendo en el gobierno de Castilla-La Mancha el compromiso de trabajar por la cohesión social de la región y la gestión de los servicios públicos de las zonas despobladas, es incomprensible la supresión del tren, en plena crisis energética y cuando en el año 2023 va a ser un servicio público gratuito. Es el momento de modernizar el tren, en cumplimiento de las promesas electorales y para proteger la dignidad y los derechos fundamentales de la provincia de Cuenca, la más desfavorecida de la región.
