Fernando Casas Mínguez – Profesor de Ciencia Política
A la vista de las declaraciones de distintos miembros del gobierno regional, tenemos evidencias que permiten pensar que en el gobierno de Castilla-La Mancha, hay consejeros partidarios de la propuesta de Adif y que, por tanto, están de acuerdo en la destrucción de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia.
Una postura contraria al discurso pronunciado por el presidente ante las Cortes regionales, el día dos de julio de dos mil diecinueve, en el que exigía quitar todo el gasoil y “la electrificación de todas las vías”.
El presidente se comprometió, en su discurso de investidura, a exigir la electrificación de todas las líneas, argumentando que era necesaria para que la región estuviera a la altura del país, porque, de otra manera, Castilla-La Mancha no podría avanzar.
De acuerdo con los planteamientos esgrimidos durante su anterior etapa (siendo consejero de obras públicas o como líder de la oposición), García-Page exigió electrificar todas las líneas de ferrocarril de la región, sin exclusión, porque no parecía dispuesto a “que nadie entre en conflicto ni en agravio”.
No hay duda de que el presidente propuso generalizar la electrificación, para avanzar sin provocar conflictos, porque era plenamente consciente de que la inversión en la línea férrea era esencial, para promover un desarrollo sostenible y asegurar una comunidad integrada. Por este motivo, no se entiende que en el gobierno regional haya consejeros que defiendan la postura de Adif, y no les importe agraviar a Cuenca, estando dispuestos a dejarla atrás y que no avance.
Lo más paradójico de la pretensión de los consejeros, que tanto presionan a los representantes de los poderes públicos, para que colaboren en su propuesta de destruir la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, es que con en la marginación de la provincia de Cuenca, el gobierno regional estaría yendo en contra de sus propios actos.
Ciertamente, es un contrasentido que el gobierno de Castilla-La Mancha excluya a Cuenca de la inversión en la electrificación de las líneas férreas, al mismo tiempo que presume de ser pionero en leyes de despoblación y propone, además, que el criterio de la despoblación se tenga en cuenta en el nuevo modelo de financiación o para la asignación de los fondos procedentes del programa para la recuperación europea ‘Next Generetion EU’.
Por lo tanto, si atendemos a razones de coherencia política, no hay argumentación válida alguna para justificar que Cuenca no se beneficie de la inversión en la electrificación de las líneas férreas, siendo Cuenca la provincia de la región a la que más afecta los criterios de despoblación.
Salvo que, por algún poderoso motivo, sea rentable que no haya inversión en el ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia. En este supuesto imaginario, la estrategia consistiría en procurar que se reduzca la inversión pública en Cuenca para provocar su retroceso. Porque con el retroceso de Cuenca aumentará la despoblación. Y con el aumento de la despoblación, se podrán mantener o crecerán los euros que lleguen Castilla-La Mancha, porque el atraso o la pobreza de Cuenca, beneficia la financiación.
Se trataría, en este supuesto, de un atropello programado de manera perversa, porque cuanto menos desarrollada y más despoblada esté Cuenca, mayores serán los flujos de euros que, de acuerdo con los criterios del nuevo modelo de financiación, reciba la región. De ser cierto este razonamiento, la insidiosa decisión de admitir la destrucción de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia sería una decisión injusta para Cuenca, aunque óptima para la región.
Es indudable que sería injusta la medida de desmantelar el ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, no solo porque discrimina a la provincia con la supresión de un transporte público, de calidad, asequible y renovado, sino porque está cerrando la opción de un desarrollo sostenible en el futuro. Pero siempre tendríamos consejeros que sostendrían, en voz baja, que la destrucción del ferrocarril, es un buen negocio para la región, porque gracias al atraso de Cuenca, la comunidad contaría con unos magníficos indicadores de despoblación que serían muy beneficiosos, porque traerían mucho dinero público, estatal y de Europa, a Castilla-La Mancha.
