Juan José Rubio Guerrero. Catedrático de Hacienda Pública de la UCLM
Comenzamos el curso político sin urnas en el horizonte, una vez superado el ciclo de las elecciones generales, gallegas, vascas, catalanas y europeas. En un contexto volátil, el Gobierno tendrá que gestionar la fragmentación parlamentaria y la inestabilidad en algunos de sus apoyos -especialmente, Junts y ERC- en el arranque de un curso en el que tiene dos grandes desafíos económicos: los presupuestos y la reforma de la financiación autonómica. El Gobierno se prepara para una posible prórroga de los Presupuestos ante un escenario de serias dificultades para forjar mayorías. Esa es una decisión de lo más trascendente; el presupuesto es una de las principales palancas políticas para un Gobierno. No deja de ser la expresión cifrada y sistematizada de las prioridades y del programa económico del Gobierno y su no aprobación puede suponer un golpe en la línea de flotación del programa de compromisos de control presupuestario y de deuda pública asumidos ante la UE. El Ejecutivo pretende explorar fórmulas para sacarlos adelante, pero de alguna manera ya está poniendo la venda antes de la herida ante el previsible desacuerdo con parte de sus apoyos parlamentarios.
Por otra parte, el pacto en Cataluña para que pueda gobernar el PSC ha convertido en obligatorio, por el compromiso adquirido por los socialistas, el debate de la actualización del sistema de financiación autonómica en España, largamente postergado al cajón de las grandes reformas institucionales pendientes, que nunca se concretan por su enorme complejidad política. Esta reformulación, que no revisión, al parecer, necesita de la implicación de todas las administraciones y de todos los partidos. La última reforma del sistema se produjo en 2009, con el compromiso de actualizarlo pasados cinco años. El PP no lo hizo ni con mayoría absoluta, lo que pone de manifiesto la enorme dificultad de su revisión, más aún con la actual fragmentación de las fuerzas parlamentarias que hoy define la composición del Congreso.
Técnicamente, debería ser un debate sosegado. Políticamente, amenaza con conflictos territoriales y promete capitalizar gran parte de la acción de gobierno del segundo año de legislatura de Pedro Sánchez. Reformar la financiación autonómica es lo más parecido a un pacto de Estado. Hace falta poner más dinero sobre la mesa y, sobre todo, buscar consensos sobre una serie de principios que ahora mismo no están claros. El sistema no lo van a imponer ni el Gobierno, ni ERC ni el PP; ni el PSOE: tendrá que ser un acuerdo institucional, por encima de los partidos, con el límite obvio de la Constitución. Es necesario afrontarlo, y Cataluña ha puesto sobre la mesa, consecuencia de los apoyos de ERC para la investidura de Illa en Cataluña, una propuesta, con una enorme carga de profundidad, sobre la mesa. El primer gesto de lealtad institucional será conocerla en sus aspectos técnicos y corresponde al Gobierno concretarla de forma clara, precisa y sin letras pequeñas, sabiendo que es necesario sujetarla a un duro escrutinio desde los principios de generalidad, igualdad, solidaridad y equilibrio territorial definido, en un modelo común, y no sujeto a la discrecionalidad de una relación bilateral entre Estado y alguna comunidad.
