La Red SSPA ha presentado este lunes las conclusiones del informe ‘Las ayudas al Funcionamiento y lucha contra la despoblación. Fase II: Trabajo de campo’, en el que se ha estudiado el impacto de estas medidas, en vigor desde el 1 de enero de 2023.
El coordinador de este informe y doctor en Economía José Antonio Herce ha expuesto que, de las 102 empresas encuestadas entre las provincias de Cuenca (30), Soria (39) y Teruel (33), el 43,1% ha aumentado su número de trabajadores en este poco más de un año de aplicación. Eso sí, tan solo el 2,9% reconoce que ha sido gracias a las Ayudas al Funcionamiento.
El 40,2% restante que ha contratado a más personas explican que ha sido por otros motivos. Herce argumenta que es algo multifactorial, debiéndose a la recuperación post-pandemia, trabajadores que vuelven de un ERTE, o al buen clima macroeconómico.
Las Ayudas al Funcionamiento se aplican de manera automática, es decir, no es necesario solicitarla y, a principios del año pasado, se notificó su entrada en vigor. Aún así, según los resultados de este estudio, el 26,5% de empresas no sabían de su existencia. Es más, aunque el 73,5% de las empresas sí las conocían, el 44% de los encuestados aseguraron no recibir ningún tipo de ayuda. Es decir, no eran conscientes de que se estaban beneficiando de estas medidas. «Cuando alguien no se da cuenta de que se está beneficiando, no cambia su comportamiento», ha afirmado Herce.
El lobby SSPA ya explicó en enero de este año que la inversión total en estas ayudas al funcionamiento no llegaba a los 25 millones de euros entre las tres provincias (por cierto, el PSOE aseguró poco después que trabajarían para aumentar esa cuantía, al igual que hizo la Diputación Provincial de Cuenca y la formación Teruel Existe en las Cortes de Aragón a través de una Proposición No de Ley). 6,23 millones para Soria, 8,25 para Teruel y 10,47 millones de euros para Cuenca.
Según el primer informe realizado por esta red, con esta cantidad el impacto sobre el empleo sería «mínimo», con un total de 306 nuevos contratos entre las tres provincias. De ellos, 128 corresponderían a Cuenca, 101 a Teruel y 76 a Soria.
La realidad es muy diferente a esta primera estimación. En este segundo informe, con el escenario actual de las ayudas, entre las 102 empresas encuestadas se han creado 64 empleos. Haciendo una extrapolación a nivel general, SSPA considera que, en total, se pueden haber creado un máximo de 128 empleos. Es decir, lo que supuestamente correspondería tan solo a Cuenca, es lo que se estima que se ha generado entre Cuenca, Soria y Teruel.
Por ello, este lobby ha reincidido en la propuesta que las patronales vienen realizando desde antes de la llegada de estas medidas: su aplicación «en toda su intensidad». La encuesta no permite efectuar cálculos sobre el impacto en el PIB o sobre el retorno fiscal, pero pone de manifiesto que «las ayudas actuales son un instrumento claramente insuficiente, teniendo en cuenta el margen disponible para poner en juego otros escenarios compatibles con el marco europeo, que sí producirían efectos significativos sobre el empleo».
Actualmente, las Ayudas al Funcionamiento tienen varias limitaciones: las empresas de estas tres provincias reciben una reducción del 5% de la aportación por contingencias comunes para trabajadores que estuvieran contratados antes de la entrada en vigor de la ley. Cantidad que aumenta al 15% para trabajadores nuevos a partir del 1 de enero de 2023 y al 20% si la empresa está ubicada en un municipio de menos de 1.000 habitantes.
Desde las confederaciones de empresarios consideran que habría que eliminar estas dos barreras. Ya que «penaliza a las empresas existentes» y porque «las ayudas no van a lograr que muchas empresas se muevan a municipios más pequeños».
Es más, al ser consultados sobre estas cuestiones, planteándose la existencia de un escenario en el que la cuota de contingencias comunes desapareciese, la probabilidad de contratar a alguien aumentaría un 15%. Con esto se pasaría de ese margen de entre 64 y 128 nuevos trabajadores a uno entre 2.954 y 5.909 trabajadores, lo que supondría un crecimiento del 1,5% (que es actualmente el que tiene España en general, mejorándolo incluso más).
Y, en el supuesto de que la bonificación del 20% de los Costes Laborales Brutos fuese para todos los trabajadores y no solo en municipios de menos de 1.00 habitantes, estas contrataciones habrían oscilado, siempre según las mismas estimaciones de la Red SSPA, entre las 6.434 y las 12.869. Prácticamente, aseguran, un 9% del empleo que hay actualmente en las tres provincias. Esta bonificación, han recordado como ya se ha hecho en ocasiones anteriores, «es el límite autorizado por la Unión Europea».
«La limitación provincial es muy buena, pero la discriminación de altas anteriores a la ley es muy mala», ha asegurado Herce. Según las encuestas realizadas, los empresarios opinan de manera parecida, calificando la primera de «muy positiva» cerca del 45% de los encuestados y la segunda de «muy negativa» algo más del 30%.
Profundizando más sobre esto, el mayor argumento para calificar mal estas ayudas (cerca del 61% de los encuestados), consideran que son insignificantes o insuficientes, o que tienen información escasa. En cambio, los motivos para considerarlas positivamente es que «toda ayuda es buena» y que «las ayudas son necesarias», sin concretar más.
«Si estuviésemos haciendo una campaña de márketing para lanzar un producto al mercado, con estos resultados no se habría hecho, porque la valoración no es lo suficientemente buena», ha explicado el director del Informe.
