Las guarderías afirman que “no es posible” cumplir con la apertura con las condiciones fijadas por el Gobierno central. Así lo ha manifestado María Jesús Carrillo Maeso, presidenta de la Asociación de Centros Privados de Educación Infantil de Castilla La Mancha (centros de 0-3 años), en un comunicado remitido a los medios de comunicación.
Recuerda que “según se establece, para que los niños puedan asistir a los centros, en nuestro caso, de 0-3 años, debe suceder que los dos padres trabajen físicamente en el centro de trabajo y no lo puedan hacer por teletrabajo. Esto debe ser acreditado por sus empresas”. Unos requisitos que supondrían “un número de niños muy reducido a priori. Pensamos que puede ser del orden de 1 de cada 10 niños”.
Consideran por tanto que “esta solución, en estas condiciones, la debe dar el Estado, con sus centros públicos, abriendo muy pocos centros, muy concentrados y con controles sanitarios tremendamente estrictos tanto para el personal que atiende como de los niños y sus familias”.
Según apunta Carrillo “en el tramo de edad del que nos ocupamos, los niños están en una etapa oral, de modo que lo chupan todo y no es posible la falta de contacto entre ello”. “Esta incorporación de los niños en esta fase de desescalada solo se podría haber hecho en unas condiciones que garanticen la seguridad, disponiendo de un mapa biológico de la sociedad, con test masivos y conociendo perfectamente la situación de inmunidad tanto del personal como de los niños y su entorno”, sentencia.
Subraya eso sí que las guarderías (de cero a tres años) son “los primeros interesados en volver a la actividad, lo necesitamos. Pero tal cual se establece la medida, los centros privados no pueden darlo por falta de viabilidad económica, puesto que nuestro personal está en ERTEs, y si bien se supone que se puede ir sacando a personal poco a poco (no tenemos información clara respecto a las limitaciones para hacerlo), ignoramos como podemos hacer la salida de los mismos tal cual se plantea, ya que estamos hablando de muy pocos niños que necesitarían el servicio, por lo que no se podrían cubrir los costes de personal y apertura. Sólo sería sostenible si se nos ayuda”.
Por tanto, afirma que necesitan que la incorporación “se produzca algo más adelante en la desescalada cuando se puedan incorporar más niños a los centros”.
Y es que “además del problema de viabilidad económica, no nos dan garantías previas sanitarias sobre la salud de quienes se incorporan”. “Esta necesidad inicial de conciliación, tal cual se ha planteado en este momento de la desescalada, deber ser resuelta por el estado y con garantías sanitarias grandísimas o si no es tremendamente peligroso en esta franja de edad, pues los niños, aun no padeciendo la enfermedad, son importantes vectores de contagio. A la empresa privada no se le puede obligar a dar dicho servicio en esta fase con todos estos condicionantes”, concluye.
