El Juzgado de lo Social número 1 de Cuenca ha declarado que ha existido cesión ilegal de cinco trabajadores por parte de varias empresas al ente público de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, la Televisión de Castilla-La Mancha y la radio autonómica de Castilla-La Mancha, en su delegación de Cuenca.
En la sentencia, a la que Voces de Cuenca ha tenido acceso, se condena a las subcontratas y al citado ente público a abonar solidariamente 58.756,15 euros a repartir entre los cinco trabajadores (en cantidades que oscilan entre los 1.912,06 euros el que menos y 15.106,68 euros el que más) en concepto de diferencias salariales por el periodo comprendido entre enero de 2018 y septiembre de 2019, ambos inclusive.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ). Previamente, el 30 de abril de 2020, el Juzgado de lo Social número 1 de Cuenca había dictado sentencia estimando parcialmente la denuncia, pero fue recurrida en suplicación y la sala de lo social del TSJ aceptó esta súplica el 10 de diciembre de 2021, declarando nula la sentencia inicial y ordenando que fuera dictada una nueva sentencia.
En esta nueva sentencia se declara la existencia de cesión ilegal de los trabajadores demandantes, cinco operadores de cámara, por parte de las empresas demandadas (Videac SAU y Factoría Plural SL CMT UTE, Desarrollo y Publicidad de Castilla-La Mancha y Servicios Audiovisuales Overon SL) a la entidad Ente Público de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, la Televisión de Castilla-La Mancha y la radio autonómica de Castilla-La Mancha, y las condena a todas ellas junto a Videac SA a abonar solidariamente las diferencias salariales que los empleados dejaron de percibir entre enero de 2018 y septiembre de 2019.
Asimismo, la sentencia estima la excepción de caducidad de la acción alegada por las empresas Videac SAU y Factoría Plural en relación con las cantidades reclamadas y correspondientes al periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2017, ambos inclusive. El sindicato CCOO-FSC ya ha anunciado en nota de prensa que “ recurrirá la sentencia en lo referido a estas las cuantías salariales reconocidas, rebajadas por la magistrada de lo Social de Cuenca al entender prescritas varias mensualidades”.
Apunta CCOO que esta sentencia de instancia responde las demandas en reclamación de derecho y cantidad interpuestas hace ya tres años por las cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que vienen trabajando como operadores de cámara en el centro territorial de RTV CLM en Cuenca para grabar las noticias que la Televisión de CLM encarga cubrir a la adjudicataria del contrato de “Servicios de Producción de Informativos en Centros Territoriales” correspondiente a esa provincia.
Esta contrata se le concedió inicialmente a la empresa “Desarrollo y Publicidad de Castilla-La Mancha”. En 2012, el contrato se le adjudicó a Videac SA. En 2015, a Videac SAU y Factoría Plural SL CMT UTE. En 2018, ganó el concurso Triakonta, que renunció a la adjudicación, por lo que la contrata se le ofreció a la empresa caficada en segunda posición, On Time TV, que también renunció; y finalmente a Servicios Audiovisuales Overon SL.
Cada una de las sucesivas empresas adjudicatarias de la contrata ha ido subrogándose, como es obligado, a la plantilla de su predecesora. Unas u otras vienen incurriendo en impagos salariales al menos desde mayo de 2017, además de encuadrar a los trabajadores en un grupo profesional distinto al debido, como ‘operadores montadores’ en vez de como ‘operadores de cámara’
De resultas de todos estos avatares “los cinco trabajadores objeto de cesión ilegal en el centro territorial de RTV-CLM de Cuenca dejaron cuantías que reclaman a tres contratas sucesivas y al propio ente público”.
Más casos en la región
El sindicato insta al Ente Público “a resolver de una vez la conflictiva situación de cesión ilegal de trabajadores que afecta a los operadores de cámara y conductores de equipos móviles de sus centros territoriales, subcontratados a través de empresas privadas a las que textualmente se encomienda “servicios de producción de programas informativos”, actividad que constituye el objeto social básico de Castilla-La Mancha Media.
“Buena parte de las personas afectadas -en torno a 40- están inmersas desde hace años en procedimientos judiciales de reclamación de derecho, por considerar que son objeto de cesión ilegal de trabajadores proscrita en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. En algunos casos, las demandas incluyen reclamaciones de cantidad, puesto que hay contratas que incurren en impagos”, lamenta CCOO.
Hay demandas interpuestas hace años que siguen en los juzgados de lo Social; otras, al menos cinco, han llegado ya al Tribunal Supremo, al que ha acudido el Ente Público en casación frente a las sentencias del TSJ-CLM que declaran la existencia de cesión ilegal de trabajadores, asevera.
“El sindicato quiere que las personas afectadas cobren todo lo que se les debe. Pero quiere sobre todo que, como subraya la sentencia del juzgado conquense, se reconozca que estos trabajadores, cuatro hombres y una mujer, han sido durante años objeto de cesión ilegal, con las consecuencias que de ello se derivan y que, en resumidas cuentas, debe concluir con su incorporación a la plantilla de su empresario real, el ente publico de RTV-CLM”, señala Lola Cachero, secretaria general de CCOO-FSC CLM.
El abogado externo del Ente Público, sin embargo, ya anunciado que recurrirá justamente este extremo, la declaración de la existencia de cesión ilegal de trabajadores, acudiendo en suplicación ante el TSJ CLM; como también ha venido recurriendo todas las sentencias de primera o de segunda instancia que han coincidido en apreciar la existencia de cesión ilegal de trabajadores a la RTV-CLM por parte de sus contratas.
Así, asevera CCOO, “el ente público ha acudido en casación ante el Supremo contra las sentencias emitidas por el TSJ-CLM confirmando la cesión ilegal. El Supremo aún no ha resuelto, si bien su Fiscalía sí ha emitido ya sus preceptivos informes, en los que ratifica el criterio del TSJ-CLM”.
“Creemos que ya es hora de que la RTV CLM abandone la vía judicial y dé una solución definitiva a todos los trabajadores y trabajadoras afectados, una solución que no puede ser sino su incorporación a la plantilla del ente público. Nos parece tan indeseable como injustificable, e incluso incomprensible, el afán del Ente Público de subcontratar tareas que constituyen el objeto central de su propia existencia”, señala Cachero.
“Es evidente que no hay ahorro sustancial en la interposición de empresas. Puede que incluso al contrario, dado que a los costes laborales hay que añadir el lucro empresarial. Tampoco aportan las contratas una especial eficiencia en la organización del trabajo, alguna innovación tecnológica o cualquier otro valor añadido que merezca algún reconocimiento. Simplemente, ordenan a los trabajadores, que se van subrogando unas a otras, acudir a grabar allá donde lo requiere la Televisión de CLM. Lo único que aportan estas empresas interpustas, esporádicamente pero de forma recurrente, son impagos e incumplimientos para con los trabajadores; además de burocracia, pleitos, gastos y quebraderos de cabeza para el propio Ente Público.”
“Y ni siquiera cabe argumentar que con este modelo de subcontratación se impulsa el crecimiento en la región de un tejido empresarial en el sector audiovisual”, advierte Cachero: Las sucesivas empresas beneficiadas con las adjudicaciones del “Contrato de Servicios de Producción de Informativos” en el centro territorial de Cuenca son todas de fuera de CLM, salvo la primera, “Desarrollo y Publicidad de CLM”, que está hace mucho tiempo en concurso de acreedores.
“También eran de CLM, en concreto y respectivamente de Talavera y de Toledo, la primera y segunda adjudicatarias del concurso de 2018, Triakonta y On Time TV, pero ambas renunciaron sin llegar siquiera a formalizar el contrato, que finalmente se quedó Overon SL, del Grupo Mediapro”, señala Cachero.
“Así la cosas”, señala Cachero, “consideramos que no hay justificación ninguna para insistir en mantener un modelo de externalizaciones cuestionado una y otra vez por los tribunales; que no aporta mejoras organizativas, valor profesional ni ahorro económico el Ente Público; que en ocasiones deriva en incumplimientos patronales con daños graves para los trabajadores, a los que además se les mantiene en la precariedad y sometidos a una situación legalmente conflictiva, además de injusta e impresentable.”
“Es cierto que aún falta el marchamo del Supremo para que adquieran la firmeza las declaración judiciales de la existencia de ‘cesión ilegal de trabajadores’ en la relación de RTV-CLM y sus contratas de los ‘servicios de producción informativa en Centros Territoriales’. Pero incluso en el supuesto de que el Tribunal Supremo concluya avalando la legalidad de la práctica externalizadora del Ente Publico de RTV-CLM, seguiremos sin saber qué ventajas aporta, o a quién. No nos parece que sea un modelo defendible”.
