La gestión del agua y cómo este recurso se reparte entre las comunidades autónomas es uno de los puntos que tendrá que abordar el Gobierno de España que salga de las urnas tras las Elecciones Generales del 23J. En Cuenca es un asunto de suma importancia y uno de los temas recurrentes es el del trasvase Tajo-Segura y cómo este afecta a la vida de los ciudadanos no sólo de la provincia, también de la región.
Si bien la palabra ‘trasvase’ referida a las infraestructuras hidráulicas no se puede encontrar en ninguno de los cuatro programas electorales de las principales cuatro fuerzas políticas que concurren a estos comicios, sí que todas indican su estrategia general respecto a la gestión del agua y sus modelos hidrológicos.
El PSOE encabezado por Pedro Sánchez destaca en su programa que seguirán “impulsando un regadío moderno y sostenible, mejorando la eficiencia en el uso del agua y la energía, así como el aprovechamiento de recursos hídricos no convencionales como las aguas desaladas o las aguas depuradas regeneradas”.
Y es que para los socialistas “la eficiencia en el uso del agua será un elemento fundamental para la mejora de la sostenibilidad y competitividad de las explotaciones agrarias”. En este punto, recuerda que “el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español ha comprometido, en los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo, algo más de 5.000 millones de euros para infraestructuras hidráulicas. Además, para la modernización y nuevos regadíos ha comprometido más de 2.130 millones de euros, actuaciones que en su mayor parte ya se están desarrollando y que suponen el volumen de inversiones en regadíos más ambicioso en lo que llevamos de siglo”.
En gestión hidrológica, los socialistas consideran “imprescindible” anticipar “la disponibilidad de agua en futuros escenarios climáticos que muestren un incremento e intensidad de los periodos de sequía, compatibles también con lluvias torrenciales”.
Entre sus propuestas concretas se encuentran la reforma de la Ley de Aguas para blindar el derecho ciudadano de acceso al agua, duplicar la capacidad de las desaladoras en 2027, potenciar la transparencia en la gestión hidráulica, priorizar inversiones en sistemas de abastecimiento, e incrementar el ahorro y la eficiencia en el ciclo del agua priorizando las inversiones en sistemas de abastecimiento en núcleos rurales, entre otros.
Respecto al Partido Popular de Núñez Feijóo, se posiciona en materia hídrica marcando como objetivo la consecución de un Pacto Nacional del Agua que sitúa como uno de sus principales objetivos junto con la energía limpia y barata, y que cuenta en total con 19 medidas específicas.
Así, afirman que desarrollarán este Pacto Nacional del Agua “desde el diálogo y el consenso, con participación de todas las comunidades autónomas y los sectores afectados, y con vocación de aportar soluciones de gobernanza, inversión y gestión a los problemas del agua con un carácter integrador para todo el territorio. La nueva Ley del Plan Hidrológico Nacional recogerá aquellos aspectos del Pacto que sean precisos”.
Al respecto de los regadíos, aseveran que impulsarán que sea “moderno y sostenible, eficiente en el uso del agua y la energía, que genere una agricultura de mayor valor añadido y capacidad para generar empleo”. En este sentido, adelantan que “se llevarán a cabo inversiones para modernizar los regadíos, aprovechando todos los instrumentos disponibles y respecto a los nuevos, se impulsarán los que sean sostenibles tanto por su relación a la disponibilidad de agua como por su impacto en el medido ambiente o la viabilidad económica y social”.
Por parte de VOX, formación presidida por Santiago Abascal, se decantan porque la gestión del agua “siempre debe abordarse desde una concepción nacional”, porque “es un recurso de todos los españoles. Por eso es urgente realizar un Plan Nacional del Agua bajo los principios de solidaridad y bien común”. Dicho plan impulsará “la interconexión de todas las cuencas” que permita “una gestión más eficiente del agua” y pueda “servir para reactivar económicamente a nuestro sector primario”. Incluso se plantean la posibilidad de someter el Plan del Agua a referéndum.
Una de las propuestas del partido de Abascal es “acabar con la destrucción de presas y embalses impulsada por motivos ideológicos en el territorio nacional. Facilitaremos la inversión en las infraestructuras hidráulicas necesarias para almacenar y llevar agua en abundancia a todos los rincones de España, y protegeremos las ya existentes”. De hecho, la intención de VOX es lanzar un estudio nacional para diseñar e instalar nuevos pantanos que almacenen agua para consumo humano, uso agrícola y generación eléctrica.
VOX se muestra contrario al reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Manor y su cuenca y se compromete a impulsar “una ley que realmente lo proteja y contemple en su marco la gestión integral del acuífero en colaboración con los regantes y usuarios, ejecutando las infraestructuras hidráulicas que sean precisas y procediendo”.
En su programa electoral, Sumar indica que “España mantiene una cultura del agua que ya no se adapta a la nueva realidad del siglo XXI, con tres cuartas partes de la superficie del país en riesgo de desertificación. La sequía se ha convertido en una enfermedad crónica del campo español que amenaza nuestra posición como potencia agraria y puede provocar impactos económicos a las mayorías sociales en forma de alzas de los precios alimentarios”.
Así, la formación dirigida por Yolanda Díaz culpa de la escasez de agua a “una mezcla de la crisis climática y el comportamiento irresponsable de unas minorías extractivistas que aplican sobre el campo pelotazos hídricos”. Su apuesta por tanto es “una reducción del consumo para garantizar el abastecimiento humano y hacer frente a la sobreexplotación actual de recursos, su deterioro y su prevista reducción”.
En este sentido, señala el programa electoral de Sumar que quieren “convertir el agua en política de Estado y en derecho público universal”, se comprometen a establecer “una hoja de ruta para la racionalización, el ahorro y el reparto equitativo de los recursos adaptada a las nuevas condiciones”, eso sí, garantizando “el acceso al abastecimiento de agua de calidad”. Respecto al uso del agua, Sumar indica que quiere poner en marcha un programa nacional de adaptación climática agropecuaria, reconvirtiendo el regadío ultraintensivo y haciendo un plan estratégico de secano. Las propuestas pasan por reducir los regadíos superintensivos y promocionar los regadíos tradicionales que utilicen estrategias de proximidad, como el kilómetro cero. También aseveran que velarán “por el cumplimiento de la Ley de Aguas para asegurar el mantenimiento de los caudales ecológicos y la protección de los márgenes fluviales”.
Otro de los planteamientos de la formación de Yolanda Díaz es promover la desalinización del agua del mar y de caudales salobres, así como el uso de aguas pluviales y recicladas. También señala que pretenden “acabar con la corrupción y la mercantilización del agua” con nuevos modelos de gestión basados en la transparencia.
