El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cuenca ha presentado alegaciones al borrador de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y ha solicitado una moratoria de al menos doce meses para las sanciones vinculadas a su implantación.
El portavoz municipal de Vox, Rafael Rodríguez, considera necesaria esta medida porque en el documento «una de las cosas que queda en el aire es que se dice que las sanciones vendrán recogidas por la actual Ley del Tráfico pero no se especifican. ¿Y si alguien no cumple las condiciones a partir del 1 de enero? ¿Cuál va a ser la multa? No sabemos de qué estamos hablando. Se ha dejado sin especificar. Con la moratoria durante esos doce meses les llegará un aviso a los ciudadanos de que han entrado en la ZBE en la que no pueden entrar con su vehículo. Nos parece esencial que haya durante doce meses al menos esa moratoria, que sean avisos pero sin sanción para que las personas, por lo menos, tengan ese conocimiento».
Rodríguez destaca, en cualquier caso, que «la normativa europea establece que tienen que tomarse medidas en municipios de mayores de 50.000 habitantes que ayuden a reducir los niveles de contaminación de la calidad del aire, y también habla de contaminación acústica. Pero eso no implica que sea obligatorio que haya una Zona de Bajas Emisiones, lo que implica es que se tomen medidas. Aquí podría ser más efectivo crear más zonas verdes o el fomento del transporte público, que tenemos seis autobuses eléctricos hace más de medio año cogiendo polvo en las cocheras sin que se hayan sacado. Queremos dejar claro que la ZBE no es obligatoria».
Estas mismas fuentes estiman que «esto a quien va a castigar evidentemente más es a las personas con menos recursos económicos, a quien tiene un coche antiguo y no ha podido cambiarlo. Nosotros somos más partidarios, más que de sancionar, de que haya incentivos fiscales para un vehículo eco o híbrido incluso, que es una de las medidas que se va a llevar, por cierto, en el pleno del 28 de octubre. Nosotros siempre vemos más positivo el incentivo fiscal para esa transición que no las sanciones. Y sobre todo para las personas que no pueden comprarse un coche eléctrico. Y no porque no quieran sino porque no pueden económicamente».
El portavoz de Vox considera que «crear esa Zona de Bajas Emisiones va a tener un coste importante para el Ayuntamiento. Aunque hay una parte subvencionada, hay una serie de costes también importantes. Además habrá que ver cómo el Ayuntamiento es capaz de controlar, regular y vigilar quién entra y quién sale. Tenemos muchos ejemplos de que cosas mucho más sencillas que no se consiguen. Y también queda faltan puntos de recarga para coches eléctricos».
Por otro lado, Rodríguez también ha citado cuestiones positivas en el borrador de la ordenanza. «Sí que reconocemos que los períodos transitorios que se han puesto para coches con etiqueta B y con etiqueta C nos parecen que sí son amplios. Es decir, que no tiene que ver nada, por ejemplo, con la legislación para la Zona de Bajas Emisiones que se ha implantado en Madrid, que es súper estricto. Estamos hablando de nueve años para coches con etiqueta B y para lo de etiqueta C, catorce. Lo que pasa es que esto puede ser una trampa . Igual que una vez esté en vigor esto se pueda modificar».
