El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la toma en consideración de la proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular con un estatuto de prisiones. El texto, presentado por la diputada popular Concepción Gamarra, recogía la construcción del centro de estudios penitenciarios al que opta Cuenca para ser su sede.
La proposición de Ley presentada por el PP fue rechazada al recibir 157 votos a favor, de los grupos parlamentarios Popular, Vox, Plural (Compromís, Más País, Equo), Ciudadanos y Mixto (UPN, CC, FORO); en contra 191 votos de los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural (PDeCat, JxCat, ERC, BNG), Vasco (EAJ-PNV), Euskal Herria Bildu, y Mixto (CUP, CC). El diputado del Partido Regionalista de Cantabria se abstuvo. El diputado de Teruel Existe no votó.
Gamarra ha subrayado en su presentación que “debemos tener presente que el sistema penitenciario español está formado por unos 60.000 internos que conviven en 69 centros con los funcionarios de instituciones penitenciarias”. A su juicio, “es evidente que los riesgos para su seguridad física que sufren los empleados públicos en las prisiones son de una enorme envergadura, hasta tal punto que se aprobó un protocolo específico de actuación frente a las agresiones”.
El texto defendido por la diputada popular, ponía encima de la mesa cuestiones importantes para el colectivo, como que sean considerados agentes de la autoridad, lo que contribuiría “a paliar la sensación ante la población interna”. Además, solicita para los funcionarios de prisiones “la presunción de veracidad y la obligación de imparcialidad política”.
Entre otros aspectos, el texto legal propuesto regula “la estructura, áreas y servicios, el ingreso a los cuerpos, la carrera profesional, la promoción interna horizontal y vertical, la formación, la movilidad, la seguridad laboral, la protección integral en su trabajo y la defensa jurídica, la mejora de la Sanidad penitenciaria, el compromiso de mejora de sus retribuciones para equipararse a los funcionarios de prisión autonómicos, la incapacidad, la excedencia, la segunda actividad, la jubilación, la representación sindical, la negociación colectiva y la mejora de la imagen pública”, entre otros.
El diputado del Grupo Socialista Rafael José Vélez ha argumentado en contra de la proposición de Ley de los populares. Ha criticado que “la gestión de los siete años de gobierno del PP paralizó las gestiones en curso y produjo los intereses más lesivos para los funcionarios de instituciones penitenciarias”. En este punto, ha explicado que “paralizaron el plan de amortización y creación de centros, degradaron las condiciones de trabajo y derechos de trabajadores y congelaron la tasa de reposición, lo que ha situado a la plantilla en una edad media superior a 50 años”.
Por contra, ha destacado que “desde que llegó Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno de España se ha reactivado dicho plan y ya se han realizado dos ofertas de empleo público en torno a 900 puestos cada año y durante este año habrá otra de similares características, así como un concurso de traslados cada año”.
José Vélez ha calificado la propuesta popular como “un claro ejemplo de oportunismo parlamentario con el único objetivo de torpedear el proceso de negociación que desde el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se está realizando. Resulta curioso que todo lo que no hicieron cuando gobernaban se convierta ahora en prioridad absoluta”, ha reprochado el socialista.
Además, ha avanzado que el proceso de negociación abierto entre Ministerio y Secretaría con los sindicatos presentes en la mesa “tiene todo el apoyo de este grupo parlamentario y derivará en una proposición de Ley de Cuerpos porque es por todos compartida la necesidad de actualizar una normativa que procure la proyección de futuro de los cuerpos de instituciones penitenciarias”.
Hasta Madrid para acudir al Congreso de los Diputados se ha trasladado Enrique Meras, delegado provincial de la asociación de funcionarios de prisiones ‘Tu abandono me puede matar’.
