La agrupación Pueblos con el Tren ha valorado negativamente la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso presentado contra el cierre del tramo ferroviario Tarancón-Utiel. Después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo haya confirmado que no es disconforme a derecho, Francisco Javier Doménech, diputado provincial del PP y alcalde de Huete, ha señalado que «es un jarro de agua fría» para su partido y para toda la agrupación de «Pueblos con el Tren» a quien representa.
«Pensábamos que se podía estimar el recurso porque el procedimiento legal del cierre tiene carencias, hemos tenido sentencias negativas por menos», ha expresado Doménech. En este sentido, se ha manifestado en contra de la afirmación judicial de que carece de rentabilidad social, ya que «por esa misma regla habría que quitar muchos servicios del mundo rural». Por tanto, el PP respeta la decisión judicial en lo relativo a la línea Aranjuez – Valencia Fuente de San Luis (que discurre en su práctica totalidad por la provincia de Cuenca), pero «va a seguir luchando por la defensa del ferrocarril». Considera que debería potenciarse «como servicio y oportunidad de desarrollo futuro» y, por ello, explorarán «nuevos métodos y posibilidades» para demostrar la viabilidad de la línea.
Respecto a la financiación económica que supondría modernizar la línea debido a su deterioro desde 2022 que circuló el último tren, Francisco Doménech ha asegurado que hay estudios que avalan que se necesitaría una inversión de 145 millones, pero le consta que «no están asignados» todos los fondos nacionales para la mejora del ferrocarril. «Cuenca merece inversiones y vamos a recibir cero euros, es injusto y nos perjudica», ha añadido, «este desmantelamiento es un episodio más del perjuicio a los servicios públicos y vamos a ser la única provincia de España sin ferrocarril».
El portavoz popular ha atribuido el cierre de la línea directamente al Gobierno central, independientemente del procedimiento y, en su opinión, no debería haber llegado a los Tribunales «si hubiera defendido un servicio que pertenece a los ciudadanos». Entiende que «en todos lugares las administraciones defienden sus infraestructuras y no son cómplices», por ello, una decena de ayuntamientos se pronunció contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2023. La última esperanza, según Doménech, es un cambio de Gobierno.
