El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó en su edición del miércoles 23 de octubre el fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) en que se declaran nulos los acuerdos del pleno de la Diputación de noviembre de 2022, donde se aprobaban los presupuestos del año siguiente.
El Grupo Popular de la Diputación de Cuenca ha pedido al presidente Martínez Chana «que no vuelva a repetirse este abuso de poder» en la próxima sesión plenaria, en que se debatirán los presupuestos provinciales para 2025. Le ha instado a «elaborar unas cuentas que atiendan las necesidades de la provincia y no vulnere los derechos fundamentales de los diputados del PP».
Y es que la sentencia declara vulnerados los derechos constitucionales de participación de los diputados del PP, a raíz de que Martínez Chana se negara a admitir a debate 3 de las 5 enmiendas a las cuentas. El PP no entiende que prefiera arriesgarse a que se declaren nulas en vez de debatir. Estas iniciativas pedían ayudas para redes de saneamiento de agua, gastos energéticos de consistorios y modernización de espacios productivos para la reactivación económica de los pueblos.
El Tribunal argumenta que «una decisión de este tipo ha de argumentarse con una razón que no frustre ni el derecho de los concejales, en este caso diputados, a debatirlas y votarlas, ni el derecho de los vecinos a conocer las razones de estimación o rechazo de esas enmiendas».
Sin embargo, la publicación llega después de haberse ejecutado el presupuesto de 2023, aunque condena a la Diputación a pagar las costas judiciales. Aun así, el PP recalca que seguirá luchando por los intereses de la provincia y presentando mociones que aborden los problemas que afectan a los conquenses.
