El Grupo Popular de la Diputación de Cuenca registraba este martes en la Fiscalía Provincial de Cuenca una denuncia contra la institución «por presunta prevaricación y malversación» en la compra de un edificio situado en la calle Diego Jiménez. Unas instalaciones a las que tenía previsto trasladar el actual Equipo de Gobierno el servicio de recaudación que se presta actualmente en el local que pertenecía al antiguo ICONA, en la calle Las Torres.
El presidente del Grupo Popular en la Diputación, Cayetano Solana, acompañado de los diputados José Ramón Ubiedo y Elena Clemente, además de por la secretaria general del Partido Popular de Cuenca, María Roldán, acudía al edificio de los Juzgados de la capital conquense para registrar la denuncia. “Consideramos que el procedimiento mediante el que se ha adquirido este nuevo edificio es irregular. Hay indicios sólidos de que se ha producido prevaricación, e incluso quizá malversación. Será desde luego la Fiscalía quien lo deba evaluar. Esperamos que admita a trámite esta denuncia y que practique las diligencias que correspondan a la hora de analizar este expediente”, explicaba Solana.
“Creemos que el procedimiento es irregular porque la licitación estaba dirigida a la compra de ese local en concreto, y hay indicios que así lo demuestran. En cualquier tipo de licitación pública puede haber sospechas de una actuación dirigida, pero en este caso hay indicios que prueban que realmente la Diputación habría manejado información de ese edificio para poder adquirirlo”, ha continuado exponiendo el responsable provincial.
“La Diputación había planificado la reforma del local con anterioridad a la publicación del pliego de condiciones para la adquisición del mismo. Es decir, hay documentos que muestran que ya se había planificado su reforma un mes anterior a la licitación del procedimiento para la adquisición, y aportamos los planos como prueba documental, lo que podría constituir un delito de prevaricación”. Por lo que se refiere a la malversación, “vendría por el coste económico y el perjuicio ocasionado a la Diputación, y también por haber utilizado medios propios de la institución para un fin que no era específico de ella hasta el momento en el que se adquiere el edificio”, apuntaba Cayetano Solana.
El presidente del Grupo Popular ha recordado que, actualmente, el servicio de recaudación de la Diputación de Cuenca se presta en el edificio conocido como del ICONA en la Calle Las Torres. También ha expuesto «cómo existía un acuerdo firme entre el Ayuntamiento y la Diputación para adquirirlo por alrededor de 2 millones de euros, proceso paralizado que se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha». Solana cuestiona «que en esa espera se tramite por procedimiento de urgencia la adquisición del nuevo local y, al tiempo, no se renuncie a la propiedad del edificio actual».
“Me gustaría también reseñar que el Partido Popular no es partidario de judicializar la política, siempre y cuando dicha labor se enmarque en la ley, pero en este caso tenemos el deber social con la ciudadanía y también el deber moral de presentar esta denuncia a la luz de los hechos. Lo hacemos en beneficio de la propia Diputación, de su credibilidad, de los trabajadores de la institución y de todos los conquenses”. “Por todo ello, acudimos con estos indicios y pruebas ante la Fiscalía, para que analice si admite a trámite la presunta ilegalidad en la adquisición de ese edificio y valore las responsabilidades que se puedan derivar de esta actuación”, ha reiterado y concluido Cayetano Solana.
La Diputación muestra su sorpresa
La Diputación de Cuenca ha mostrado su «sorpresa» de haber sido acusada como institución provincial de un posible delito de prevaricación y malversación de fondos en un expediente donde según afirma «todos los diputados y diputadas de la corporación, incluidos los del Partido Popular, han tenido disponible la información al respecto y nadie ha presentado ningún tipo de alegación ni escrito durante su trámite administrativo, contencioso o civil».
«Procedimiento guiado, tutelado e informado en todo momento por los técnicos del organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación, así como por la propia Diputación de Cuenca, los cuales, una vez desechada la adquisición del edificio del antiguo ICONA, comenzaron a trabajar en distintas opciones que explican de forma contundente las acusaciones vertidas. Entre ellas se encontraba la adquisición directa, pero se decidió por ser garantista realizar la adquisición mediante procedimiento abierto y concurso», subraya en su réplica.
La Diputación de Cuenca adquirió el edificio para albergar el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación «a través de un procedimiento abierto con unas bases donde podrían concurrir cualquier persona física o jurídica. Los únicos requisitos que solicitó la institución provincial es que tuviera al menos 600 metros cuadrados, que tuviera acceso desde un vial, que estuviera dentro de la malla urbana de la capital y que cumpliera las condiciones de iluminación y ventilación».
Los informes técnicos, jurídicos y económicos de este expediente «son todos favorables y están firmados por funcionarios de la Diputación Provincial de Cuenca, por tanto, ha sido un proceso totalmente garantista y transparente acreditado por los propios profesionales de la casa».
Desde la Diputación Provincial de Cuenca han mostrado «su predisposición para colaborar y ponerse a disposición del Ministerio Fiscal en todo lo que requiera».
