Los representantes sindicales de ACAIP-UGT y CSIF han recibido este lunes al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, con una pitada a su entrada en el Campus de Cuenca, al que ha asistido para presidir la apertura del segundo turno del curso que se celebra en la ciudad de la nueva promoción de funcionarios del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias.
Durante las próximas cinco semanas los 450 nuevos funcionarios recibirán la formación teórica en la ciudad de Cuenca después de haber recibido un primer periodo práctico en los distintos centros penitenciarios. El primer grupo finalizó el curso el 15 de abril.
«Con este segundo turno continúan los mismos problemas a los que tuvieron que hacer frente los primeros alumnos de la escuela», denuncian en un comunicado ACAIP-UGT y CSIF, que consideran que «se ha hecho una planificación nefasta del periodo de prácticas». A su juicio, «la administración ha puesto en marcha la escuela de estudios penitenciarios sin tener todas las infraestructuras necesarias, además, la oferta de alojamientos en la ciudad no se ha correspondido con lo que inicialmente les habían propuesto por lo que la estancia está siendo mucho más costosa, llegando a pagar hasta 700 euros por una habitación compartida».
A todo ello suman que «por la negligente planificación de la administración, la mayoría de los alumnos no han cobrado la nómina de marzo, teniendo que hacer frente a los gastos de manutención con la ayuda de familiares, ahorros personales, o con préstamos solicitados para afrontar este periodo inicial de formación».
El pasado 16 de septiembre, los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF anunciaron un conflicto colectivo con la administración penitenciaria por la falta de negociación y la paralización de la Ley de Función Pública Penitenciara. «Desde el año 2017, los trabajadores penitenciarios han protagonizado un proceso de movilizaciones con el objetivo de alcanzar una mejora necesaria paralizada desde hace años por distintas coyunturas. Sin embargo, se ha visto como otros colectivos sí han visto mejoradas sus condiciones laborales y económicas, por lo que se hace imprescindible atender las necesidades de una institución olvidada por parte los distintos gobiernos», añaden.
Esta mañana, los trabajadores penitenciarios le han vuelto a mostrar su malestar al máximo responsable de prisiones. «La administración ya no tiene excusas, es el momento de acometer una reforma integral de la legislación que regula al personal penitenciario que se rige por normas preconstitucionales y cuyas funciones están sin actualizar desde hace más de 40 años. Sin embargo, sí que se ha realizado esa modernización en lo que respecta a los derechos de los internos con la publicación la semana pasada de la reforma del reglamento penitenciario regulando el acceso a las nuevas tecnologías», indican.
«Es imprescindible una negociación real y efectiva que acabe con las diferencias salariales entre centros penitenciarios y asuma los nuevos retos a los que se enfrenta el sistema penitenciario como el terrorismo yihadista, la delincuencia organizada o los delitos de género o violencia sexual. Sin el personal adecuado, sin una formación universal, sin medios, sin garantía jurídica, sin reconocimiento profesional, los trabajadores penitenciarios no pueden enfrentarse al día a día de una prisión y atender adecuadamente a los internos para procurar su retorno a la sociedad en las mejores condiciones», añaden.
