El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cuenca ha abierto diligencias previas contra tres acusados de un delito de frustración a la ejecución del art 257.1.2º del Código Penal, por un contrato de arrendamiento a bajo precio con la finalidad de evitar o devaluar el valor de una finca en perjuicio de sus acreedores. El Ministerio Fiscal solicita una pena de un año de prisión para cada uno de los tres acusados. El procedimiento arranca este jueves en la Audiencia Provincial de Cuenca.
En el escrito de calificación provisional del ministerio público, se recoge que la primera acusada, a fecha 6 de marzo de 2013, “era plenamente conocedora de la demanda de la entidad Baxil Calefacciones SL en reclamación de cantidad y que dio lugar al procedimiento ordinario (…) que finalizó en sentencia de 15 de octubre de 2013 en virtud de la cual se condenaba a la misma al pago a favor de la demandante de la cantidad de 148.096,78 euros”.
Del segundo acusado, el marido de la anterior, se indica que “era plenamente conocedor en fecha 28 de febrero de 2013 de la demanda presentada POR Baxil Calefaciones SL contra el mismo y que dio lugar al juicio cambiario (…) en su calidad de avalista de la entidad Instalaciones Térmicas Conquenses SL y a la que el acusado presentó escrito de oposición a la ejecución en fecha 19 de marzo de 2013. Así las cosas y siendo ambos conocedores de la existencia de las deudas anteriormente descritas, procedieron en fecha 20 de junio 2013 a elevar a público un contrato de arrendamiento sobre la finca registral” por bajo precio con la tercera acusada.
Esta última, señala el escrito, era “plenamente conocedora de la existencia de deudas de los dos anteriores y realizándose el citado contrato de arrendamiento con la clara finalidad de evitar o devaluar el valor de la mencionada finca en perjuicio de los acreedores de los acusados y en concreto de la entidad Baxil Calefacciones SL”.
El Ministerio Fiscal señala que los hechos relatados son constitutivos de un delito de frustración a la ejecución del art 257.1.2º del Código Penal y pide, además de la pena de un año de cárcel para los acusados, doce meses de multa con una cuota diaria de diez euros. También solicita declarar la nulidad del contrato arrendamiento celebrado entre los acusados.
