La Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión para cada una de las dos exempleadas de la Cámara Agraria Provincial de Cuenca acusadas de un delito de malversación en concurso ideal con un delito de falsedad en documento mercantil. Además, deberán indemnizar a la Cámara en la cantidad de 326.587,43 euros. La vista oral está prevista para este jueves en la Audiencia Provincial de Cuenca.
Según señala el ministerio fiscal en sus conclusiones provisionales, la acusación se dirige contra quien en el año 2008 fue nombrada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como Secretaria de la Cámara Agraria Provincial de Cuenca y contra la administrativa quienes «dada la función que tenía la primera acusada de gestionar los bienes e ingresos de la Cámara, ordenado transferencias o librando talones a cuenta de la Cámara, y la de la segunda, de servir de apoyo a la primera, se dedicaron, con intención de obtener un beneficio económico y puestas en común acuerdo para ello, bajo la excusa de no cobrar las dietas que supuestamente les correspondían, a: a) En lo que se refiere a transferencias de dinero que debía efectuar la Cámara, las acusadas generaban el oportuno documento, que se pasaba a la firma a alguno de los miembros de la directiva, donde constaba como destinatario el ayuntamiento de la población en cuestión, si bien el número de cuenta de destino no era el correcto sino que correspondía a una cuenta bancaria, bien de titularidad de alguna de las acusadas, de alguno de sus familiares, o de titularidad conjunta con ellos».
Por otro lado, en lo que se refiere a los talones, las acusadas «generaban el oportuno documento y bien lo pasaban a la firma a alguno de los miembros de la directiva sin explicar correctamente el motivo de la emisión del cheque, o bien directamente imitaban su firma en el talón, por si o por medio de terceras personas con su anuencia, procediendo a cobrar el mismo por si o por medio de familiares». Por último, señalar que tras cesar la acusada en su cargo de Secretaria de la Cámara por jubilación, «y visto que había eludido su labor de elaborar la contabilidad, se procedió por el nuevo secretario a ello, resultando que el dinero del que se habían apropiado las acusadas alcanzaba los 326.587,43 euros».
