El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves una resolución de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca por la que se anulan un total de 180 resoluciones sancionadoras emitidas en 2020 por incumplimientos del decreto del primer Estado de Alarma, un texto gubernamental que fue parcialmente anulado por el Tribunal Constitucional.
Los procesos que quedan ahora revocados se iniciaron por no respetar los artículos que impedían la libre circulación de las personas, a pie o en vehículos particulares, salvo en supuestos concretos, como la adquisición de productos de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios y desplazamientos laborales, entre otros.
Todas las acciones sancionadas que pasan a anularse fueron consideradas en su momento «infracciones graves» al amparo del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que establece ese grado para «la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación».
La normativa contempla para esos casos multas económicas que pueden ir de los de los 601 a 30.000 euros, aunque según reconoce la propia Subdelegación en su texto no consta que se haya procedido al pago de estas sanciones, por lo que no sería necesaria devolución alguna.
El listado completo de los expedientes anulados y los DNI de las personas que fueron multadas puede consultarse íntegramente en este enlace.
