La Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca valora que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el cierre del tramo ferroviario Tarancón-Utiel de la línea 03-310 Aranjuez – Valencia Fuente de San Luis «es más una valoración del juez» que un fallo, que además considera de una calidad «deleznable». Su portavoz, Francisco de los Cobos, sostiene que según la decisión del Alto Tribunal, la resolución asume objetivos «habría que valorarlos a través de un estudio de evaluación de políticas públicas».
El portavoz ha manifestado que este fallo «podría valer de ejemplo sobre cómo no hacer una sentencia en las facultades de Derecho». Critica que el juez ha asumido como propios los argumentos que sostiene el informe de INECO, «que hace valoraciones sobre la sostenibilidad social de Cuenca, lo cual me parece acientífico». Asegura que este estudio es «completamente falso» y critica que tanto el Ayuntamiento de la ciudad, como Diputación y Junta de Comunidades «están utilizando recursos públicos contra la ciudadanía».
Denuncia también una manipulación de datos, pues afirma que «se ha aceptado un informe de una consultora de ingeniería hace valoraciones sobre lo social en la provincia de Cuenca». Además, critica la «política regresiva» que ha caracterizado al Ministerio de Transporte en los últimos años, «muy cercana a postulados de Milei, anda sin cabeza desde hace mucho tiempo y con puertas giratorias».
Insiste en que esa documentación «hay que contrastarla y someterla a un grupo de expertos y se valora qué deficiencias tiene», y aporta «valoraciones denigrantes sobre la provincia» por sus características demográficas. Sobre el PlanXCuenca, el portavoz también critica que se vayan a realizar «aparcamientos y rotondas», aprobadas por la antigua ministra de Transportes, Raquel Sánchez, «y aquí no hay ningún plan de bajas emisiones para la ciudad y mejorar la movilidad no contaminante».
De los Cobos confirma que van a seguir luchando por el tren convencional, y recuerda que siguen en marcha dos recursos presentados por Comisiones Obreras y Ecologista en Acción en el mismo tribunal ante su cierre. Manifiesta que hay que avisar a la ciudadanía de que «los técnicos del ministerio consideran a los agentes sociales, es decir, a los movimientos ciudadanos, que no son interlocutores, a diferencia de las administraciones».
