La Fiscalía Provincial de Cuenca ha archivado las diligencias preprocesales que se habían abierto a Juan Carlos Muñoz del Olmo, jefe de la Policía Local de Cuenca, y Jesús Mariano Casamayor, subinspector del mismo cuerpo, tras una denuncia del Ayuntamiento de la capital conquense.
El Consistorio había remitido copia de los expedientes sancionadores incoados a ambos agentes «ante la posible concurrencia de hechos que indiciariamente podrían constituir infracción penal», que los pliegos de cargos identificaron como apropiación indebida, malversación de caudales públicos, infidelidad en la custodia de documentos públicos, falsedad documental, tráfico de influencias y prevaricación. El origen del expediente, por el que se suspendió temporalmente de sus funciones a Muñoz y Casamayor, fue una investigación sobre el uso del documento informático en el que se anotan las licencias y servicios realizados por los policías locales y que se toma de referencia para las horas compensables.
Ahora, en un decreto con fecha 7 de de noviembre al que ha tenido acceso a Voces de Cuenca, la fiscal jefe, María Isabel Gómez, entiende que los hechos denunciados no revisten caracteres de delito, por lo que acuerda el archivo de las actuaciones. La parte demandante, es decir el Ayuntamiento, puede reiterar su denuncia ante el juez de instrucción si lo considera oportuno si quiere seguir la vía penal, que es independiente de la que se desarrolle en la jurisdicción contencioso-administrativa y de los procedimientos internos abiertos en la institución municipal.
La Fiscalía ha tomado la decisión tras un proceso en el que además de analizar la documentación aportada por las partes ha tomado testimonio tanto a funcionarios del Ayuntamiento como a miembros de la Policía y de la Corporación. En su argumentación sostiene que no se han podido acreditar ni comprobar irregularidad alguna y defiende que, aún en el caso de que se hubieran podido acreditar o comprobar, podía haberse efectuado su corrección en vía administrativa, cosa que no se hizo. También rechaza que haya habido prevaricación -ni siquiera un criterio o aplicación equivocada- en el cómputo de las horas de un curso de prevención de riesgos laborales.
Este decreto de archivo no es la primera victoria que consiguen en los tribunales los policías expedientados. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cuenca dejó a mediados del mes de abril sin efecto la medida cautelar de la suspensión temporal de funciones ambos que fue acordada por la Junta de Gobierno Local en su sesión del día del mismo mes.
En un comunicado remitido a Voces de Cuenca, Muñoz y Casamayor agradecen «las muestras de apoyo y cariño» recibidas desde que se inició «este ignominia» en su contra y resaltan que la investigación se concluye «ante la falta de fundamentos serios». Tachan asimismo de «calumniosa» la denuncia «formulada por determinados elementos del Ayuntamiento de Cuenca».
