El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero el anteproyecto para la reforma las leyes de Dependencia y de Discapacidad, presentado por el ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy. Una de las modificaciones que se plantea es en el ámbito privado.
El borrador incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a la comunidad de vecinos de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Por otra parte, el nuevo texto facilitará los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de vecinos para llevar a cabo la reforma que se precise.
El estudio de viviendas principales según si están a adaptadas a necesidades propias del envejecimiento de las personas del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa los datos de Cuenca capital de 2021 en un total de 21.836 viviendas, de las que solo 5.041 son accesibles a estas cuestiones. De ellas, los hogares construidos antes del año 1990, solo 2.835 están adaptadas a personas con movilidad reducida, mientras que las que son posterior a ese año lo están 2.207.
Asimismo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha concedido un total de 1.250.048 euros en ayudas para la mejora de la accesibilidad en viviendas en el marco del Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025 en la ciudad de Cuenca, de las que han sido beneficiadas 114 hogares, según datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno regional en la provincia.
Para Juan José Ramón Vindel, presidente de la Demarcación de Cuenca del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, existen dos cuestiones: la accesibilidad hacia la vivienda y la propia adaptación del hogar. En cuanto a la primera, «todas deben ser accesibles y cada vez más se van modificando en edificios antiguos para adaptarlos y tener las medidas razonables para mejorar la convivencia de los vecinos». Dentro de la propia vivienda, la accesibilidad «no está tan extendida». Vindel asegura que hay una reserva de hogares accesibles «por obligación, las que son de protección pública, pues un 3% de ellas lo tienen que ser». Sin embargo, las que no tienen ningún tipo de protección «no están obligadas, por lo que no suelen estar adaptadas».
Convertir una vivienda en accesible sería muy sencillo, según afirma Ramón Vindel, ya que «por decreto lo tiene que ser hasta las puertas de mayores de 80 centímetros». Dentro de los hogares, «simplemente habría que hacer un aseo accesible, y que los pasillos y puertas tuvieran los anchos suficientes», sostiene el presidente de los arquitectos de Cuenca.
La adaptación de los bloques con ascensores se va haciendo «poco a poco», aunque dice Ramón Vindel que ahora se ha avanzado mucho en ese sentido «gracias a las subvenciones que salen todos los años, ayudas para mejoras en la accesibilidad en edificios de vivienda». Sin embargo, estas «son escasas, porque todos los años se suelen cubrir con bastante rapidez y hay que estar muy atento», destaca.
Los bloques que quedan son «los más difíciles de actuar o que ya no tiene mucho sentido por el número de vecinos», dice el arquitecto, que asegura que los edificios donde hay un número significativo de viviendas «ya están adaptados todos, aunque hay que reconocer que todavía faltan».
En Cuenca capital, viviendas de zonas como el Casco Antiguo son más complicadas de intervenir. «Dan muchos más problemas por el tipo de edificios, las escaleras suelen ser más pequeñas, donde los bloques tienen menos viviendas. Allí solo quedan los edificios más difíciles de acometer. También por temas jurídicos, en el sentido de que tienen un visión horizontal», manifiesta Juan José Ramón Vindel.
Para el presidente de los arquitectos en la provincia, el primer motivo por el que puede que las comunidades de vecinos no adaptan sus viviendas es el coste, además de las imposibilidades técnicas para realizar una accesibilidad razonable que no exija una pérdida de superficie o habitaciones.
En este sentido, «me parece muy bien la normativa del borrador que obligue a las administraciones a ofrecer ayudas para incrementarlas, ya que supone un esfuerzo para terminar de adaptarlas», concluye Ramón Vindel.
