La Abogacía del Estado recurre ante el Supremo la suspensión cautelar de la clausura del tren convencional

El presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Martínez Chana, ha precisado que "ayer recibimos la notificación. Ahora hay que esperar""

La Abogacía del Estado ha recurrido el auto del Tribunal Supremo que suspendía de forma cautelar la clausura del acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 21 de febrero de 2023, por el que se clausuraba el tramo ferroviario entre Tarancón y Utiel en la línea 03-310 Aranjuez-Valencia Fuente de San Luis.

El presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha precisado a Voces de Cuenca que, «ayer recibimos la notificación de que la Abogacía del Estado ha presentado un recurso contra esta medida cautelar. Por tanto, ahora hay que esperar». De esta manera, queda en suspenso el auto del Supremo emitido a finales del pasado mes de junio. El máximo responsable de la institución provincial ha indicado que «al igual que pasó con el derribo del muro, si el juzgado estima que se levanta esa medida cautelar podríamos seguir adelante. Eso es lo que nosotros esperamos pero teniendo claro que, con independencia judicial, decidirán ellos»

Martínez Chana espera que ADIF clarifique el panorama en el caso de que el resultado no sea el esperado. «Si va en sentido contrario, que nos aclare Adif hasta dónde se puede llegar y cuál es el alcance de esa medida cautelar de cara al futuro. Estando operando el tren, el Ayuntamiento estaba negociando parte de los terrenos así que necesitamos que Adif nos aclare hasta dónde se puede llegar». Estas mismas fuentes han precisado que esta consulta ya ha sido formulada a Adif pero aún no se ha recibido respuesta sobre la implicación que tiene el auto del Supremo. Asimismo, ha lamentado que se trate de un episodio de «judicialización de la política, como ocurrió con el edificio de Icona, ue al final a quien perjudica es a los ciudadanos».

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo adoptó la suspensión cautelar atendiendo a la solicitud planteada por once municipios (pertenecientes a las provincias de Cuenca, Valencia y Madrid) al entender que se causaría un grave perjuicio a los ayuntamientos de difícil reparación.