La Audiencia Provincial de Cuenca tiene previsto celebrar este martes, 21 de mayo, la vista oral contra dos intergantes de una red que estafó cerca más de 200.000 euros a 51 víctimas mediante la técnica del ‘phising’ y para las que se solicita la indemnización en la citada cuantía. El ministerio fiscal solicita una pena de cuatro años de prisión para uno de ellos y tres para otros como presuntos autores de los delitos de asociación ilícita y estafa. La trama estaba compuesta por otros 18 miembros que se encuentran fallecidos o en rebeldía.
El ministerio fiscal relata en sus conclusiones provisionales que durante un periodo aproximado de dos años, entre agosto de 2007 y diciembre de 2009, «se constituyó de facto una trama compuesta por individuos principalmente de nacionalidad rumana, organizada y con
reparto concreto de funciones con el fin de conseguir beneficios patrimoniales, previamente concertados para conseguir tal fin, mediante la siguiente operativa: Usando terminales de ordenador y tras hacerse con aplicaciones informáticas adecuadas para ello, enviaban de forma masiva correos electrónicos mediante programas específicos al efecto, simulando que el remitente era una entidad bancaria, de tal forma que quien los recibía introducía sus datos de acceso a la banca electrónica, confiando en que efectivamente quien se los solicitaba era el banco o caja de ahorros en donde era titular de una cuenta bancaria».
Tras validar dicha introducción, «los datos eran remitidos subrepticiamente y de forma automática a cuentas de correo electrónico controladas por dicho grupo, que, de esta manera, podían acceder electrónicamente a las cuentas de los clientes de bancos y cajas, ordenando transferencias bancarias no consentidas por el legítimo titular, cuyo destino eran, a su vez, otras cuentas cuya titularidad era de un segundo grupo de implicados (sin descartarse que de esta actividad participaran también individuos del primer grupo), quienes, bien por sí mismos, bien por haber facilitado el acceso a dichas cuentas por parte de los primeros (entregando en ocasiones incluso la tarjeta electrónica y la clave de acceso para operar por medio de cajero automático), posibilitaban el reintegro de las cantidades defraudadas, participando en un porcentaje del beneficio, o tras percibir un cantidad determinada por facilitar dicho acceso».
Las diligencias previas han corrido a cargo del Juzgado de Instrucción n° 2 de Motilla de Palancar.
