En el Pleno del jueves pasado se llevó para su debate y aprobación la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Actos Sujetos a Comunicación Previa ante la Administración Municipal, modificación a la que el Grupo Popular votó en contra porque «limita innecesariamente los supuestos previstos en la normativa europea, estatal y autonómica para dicha comunicación previa, con el velado objetivo de evitar la intervención ‘a posteriori’ de la administración local».
En este sentido, los populares señalan que la modificación propuesta, y aprobada con los únicos votos a favor del Equipo de Gobierno, «va en contra de la introducción de la regla general de que el control llevado a cabo por parte de la Administración debe ser la del control ‘a posteriori'».
De hecho, entienden que «limitar los supuestos de la comunicación previa por encima de lo previsto en la propia normativa que desarrolla, implica, por una parte, introducir un importante e injustificado grado de desconfianza en el comportamiento y en la responsabilidad del usuario, y, por otra, es un signo evidente de querer normar ‘a priori’ para evitar la intervención ‘a posteriori’, lo que supone una severa transgresión del espíritu de la directiva europea».
Para el Grupo Municipal Popular se ha desaprovechado así «una gran oportunidad para armonizar la normativa local referente a la tramitación de licencias urbanísticas, en la cual debían haberse abordado de forma más homogénea los conceptos de comunicación previa y declaración responsable, ambos basados en la debida confianza de la Administración hacia el usuario y capaces de agilizar realmente la relación entre ambos». Ha sorprendido a los populares, en este sentido, la intervención en el pleno del portavoz de CNU, Dámaso Matarranz, reclamando ahondar en dicho tratamiento homogéneo cuando «nada dijo ni aportó dicho grupo político durante la discusión de la ordenanza en el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo».
